jueves. 26.06.2025
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La costa de Huelva se blinda para frenar la llegada de visitantes en Semana Santa

Los ayuntamientos con playas blindan los accesos a las zonas costeras y residenciales para evitar la propagación del coronavirus.
La costa de Huelva se blinda para frenar la llegada de visitantes en Semana Santa

Quién le iba a decir a los alcaldes de los municipios costeros de Huelva, desde Ayamonte hasta Almonte, que hace poco más de dos meses se encontraban en la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur 2020) pugnando por atraer turistas, viajeros y visitantes, que a las puertas de la Semana Santa y del comienzo de la temporada alta de verano iban a ‘competir’ por instalar obstáculos policiales, vallar y bloquear carreteras y hasta levantar barricadas de hormigón para evitar la llegada del turismo, viajeros y propietarios de segundas residencias.

Porque eso es precisamente lo que está pasando en los 120 kilómetros de litoral que tiene la provincia de Huelva a causa de la pandemia y el miedo desatados por el coronavirus.

Con la cartelería publicitaria aun fresca y colgada en algunos escenarios de masas nacionales, webs y revistas publicitando los encantos de Huelva, los alcaldes de la costa se afanan estos días en blindar sus territorios (como también ha hecho el resto de munícipes de pueblos más pequeños y despoblados), en cerrar como sea las puertas de entrada de sus municipios y sus zonas residenciales y turísticas para que no vengan, no entren en sus pueblos descontroladamente los antaño anhelados, buscados y deseados turistas.

Saben que hay un mando único y que no pueden cerrar los pueblos. Pero las medidas que han ideado para limitar las entradas son de lo más variopintas. Desde la presencia de controles policiales, bloqueo de la mayoría de las entradas dejando solo un acceso disponible, cierre de kilómetros de playas pasando por el uso de drones de vigilancia (Ayamonte) o incluso el bloqueo total (ya levantado) de caminos agrícolas y forestales (Almonte-El Rocío).

Todo sea para frenar la entrada del coronavirus. Los municipios, a través de sus policías locales, han echado mano de sanciones, multas para presionar a los viajeros que incumplen la cuarentena.

En Huelva ya se han impuesto 130 denuncias a personas que se trasladaban a su segunda casa en la playa.

Y en estos días, el Ministerio del Interior ha anunciado que realizará más controles para evitar viajes innecesarios en esta rara semana de pasión confinada. La Guardia Civil aumentará la vigilancia hasta por las noches. Y todo esto se produce a pesar de haberse reducido hasta en un 95% los desplazamientos por la crisis sanitaria del coronavirus.

Este miércoles se producirá la 'no operación salida' más extraña que se recuerda en las carreteras de Huelva. Será el momento de comprobar y comparar cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo. De los atascos en la A-49 al paisaje inédito que se dibujará este mediodía en los accesos al litoral y a las playas de Huelva.

El aviso de Lepe en vísperas de la Semana Santa

En un primer aviso de lo que antes era la víspera de la ‘operación salida’ de tráfico de Semana Santa, el Ayuntamiento de Lepe se vio sorprendido por una ‘masiva’ llegada de visitantes de Badajoz, Sevilla o de la misma localidad a La Antilla e Islantilla.

El lleno en los pocos supermercados existentes en zonas que ahora reúnen apenas 2.000 habitantes cuando en verano añaden ceros a esa cifra dio la voz de alerta. Y la Policía Local identificó a dos centenares de vehículos. Los accesos a los núcleos ‘antillanos’ permanecerán cerrados a cal y canto y mantendrán solo una entrada transitable.

En vísperas de esta 'no operación salida' la Policía Local de Lepe advierte que las entradas a La Antilla e Islantilla están cerradas y solo se mantendrá abierta una de ellas, controlada por la Policía y la Guardia Civil para garantizar que no se llevan a cabo desplazamientos a segundas residencias ni tampoco por parte de la población local.

Punta Umbría se ha esmerado en controlar y sellar las entradas a la localidad. Con miles de segundas residencias propiedad de vecinos de Huelva, Sevilla, Extremadura y otros lugares, el Ayuntamiento ha taponado el pueblo para tapar las fugas. Sólo hay una vía de entrada o salida.

Igual ha hecho la vecina Cartaya para El Rompido y para la zona que comparte con Punta: El Portil. La Policía Local y la Guardia Civil prolongarán los controles durante toda la Semana Santa. Allí, se habían detectado hasta desplazamientos por el carril-bici, una arteria que llega desde Huelva hasta El Portil y que atraviesa las marismas y los pinares de Aljaraque.

El Ayuntamiento cartayero ha tenido que aclarar a través de su perfil en redes sociales los parámetros que rigen el cierre de zonas turísticas o residenciales como El Portil o El Rompido. Respondiendo así a las muchas inquietudes mostradas por los ciudadanos tras denunciar en las redes que zonas como Nuevo Portil están llenas de veraneantes. El Consistorio aclara que no tiene competencias para cerrar los accesos a ningún núcleo de población, que son de única competencia del Gobierno de España. Por lo tanto, avisa que solo puede controlar exhaustivamente los accesos y avisar, informar y recomendar a las personas desplazadas, cosa que ya hace hasta en cuatro idiomas.

El caso de Ayamonte es más tecnológico. El Ayuntamiento ha optado por el uso de drones de vigilancia en su costa para controlar los desplazamientos indeseados. Su extenso litoral, desde Canela, Isla Canela, Punta del Moral, Pozo del Camino o Costa Esuri, un vasto triángulo de intrincados caminos que se conectan entre sí, añadía dificultad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En Ayamonte se han llevado a cabo casi 2.000 comprobaciones de movimientos y traslados de ciudadanos desde el inicio del estado de alarma. Una cifra a la que se suman las 112 denuncias administrativas interpuestas por desplazamientos no justificados.

Un control de movimientos que continuará a lo largo de los próximos días y se intensificará en la autovía A-49, desde la Rotonda de Costa Esuri, que se ha convertido, de manera provisional, en la única vía de entrada y salida al municipio. A quienes intentan llegar a segundas residencias, son multados y obligados a volver a su lugar de origen.

Isla Cristina, con dos entradas, una por la carretera de La Redondela y otra por las salinas de Pozo del Camino, no se ha visto obligada a implementar tanta rigidez en los accesos.

El bloqueo 'hormigonado' de El Rocío

Tan en serio se habían tomado algunos ayuntamientos el bloqueo de sus fronteras que el Ayuntamiento de Almonte ha tenido que reabrir los accesos a la aldea del Rocío por no tener competencias para cerrarlos por completo. O pedir el auxilio de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ‘convencer’ a los incumplidores de la obligatoriedad del confinamiento. O evitar el desplazamiento de muchos vecinos que iban a sus segundas residencias de Matalascañas y El Rocío.

El Ayuntamiento de Almonte había ordenado la instalación de bloques de hormigón en los caminos forestales para evitar los desplazamientos. Al final los ha levantado tras la petición de la Subdelegación del Gobierno.

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, se ha empleado a fondo para disuadir a los que intentan entrar en El Rocío y Matalascañas. Les ha llamado “inconscientes” y ha reconocido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han estado incluso casa por casa comprobando que los coches aparcados en las puertas pertenecen a residentes habituales en la aldea.

Sin embargo, tal y como declaraba ayer la alcaldesa, los desplazamientos siguen produciéndose a diario. Todos los días está entrando gente en Matalascañas y en El Rocío, nos lo hacen llegar tanto la concejala de El Rocío como los vecinos, que cumplen con el confinamiento y viven con preocupación esta realidad".

Por eso, el consistorio pide al Gobierno, "con urgencia" el cierre de caminos, especialmente, a las puertas del próximo puente festivo del Jueves Santo.

También el Ayuntamiento de Moguer ha anunciado refuerzos policiales para los accesos a Mazagón, otro punto de la costa onubense donde se dan cita numerosos propietarios de segundas residencias, muchos de ellos de Moguer y de Huelva. Aquí los controles serán de la Policía Local y también de la Guardia Civil.