La expropiación del Recreativo de Huelva pende de un hilo. Y es un hilo muy fino. Tanto como la diferencia que existe de un día a otro. Una diferencia que está siendo explotada por los abogados de Pablo Comas para solicitar en sede legal la anulación de la operación que permitió al Ayuntamiento rescatar al Decano del desgobierno de la etapa de Gildoy España. Si como ha ocurrido con anterioridad, la estrategia legal del empresario prospera, el club volvería a las manos del madrileño. Y todo por un día.

Retrocedamos en el tiempo. El 6 de junio de 2016, el Pleno Municipal aprobaba la expropiación de las acciones del Recre en poder de Gildoy España SL, que por entonces reunía un 76% de los títulos albiazules. La operación, justificada desde el punto de vista deportivo y económico dado el abandono de la entidad, necesitaría también el aval de la ley. Pues, como era de esperar, Comas recurrió a la Justicia.

Dura batalla en los tribunales

Desde entonces, el Consistorio y el empresario han sostenido una dura batalla en los Tribunales, que va camino de su quinto año. Una batalla que, en teoría, debe tocar a su fin en breve. Y según ha podido conocer DiariodeHuelva.es de fuentes judiciales, el resultado de la contienda depende en gran medida de la interpretación que el Juez haga de un retraso burocrático por parte del Ayuntamiento.

Sigamos retrocediendo en el tiempo. El 31 de mayo de 2016, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía comunicaba por escrito al Consistorio que no ejercería la prioridad de la potestad expropiatoria que le concede la Ley. Dicho de otro modo, la administración autonómica daba luz verde para que el Ayuntamiento expropiara el Recre. Un permiso sin el que la operación sería ilegal.

Registrado después de aprobarse la expropiación

¿Cuál es el problema entonces? Pues que el mencionado documento de la Junta no fue registrado oficialmente en el Ayuntamiento hasta el 7 de junio de 2016, esto es, un día después de aprobarse la expropiación. Una diferencia que están utilizando los letrados de Comas para exigir la nulidad del proceso acogiéndose a la Ley del Procedimiento Administrativo. Y no sería el primer retraso burocrático que aprovechan, pues ya sucedió algo parecido con la cacareada auditoría forense.

Desde el Consistorio, en cambio, se resta trascendencia a este retraso burocrático. En primer lugar, porque el informe de la Junta de Andalucía no sólo no contradice la decisión tomada por el Pleno, si no que la respalda. Y en segundo lugar, porque antes de votar, los concejales ya tenían constancia de la existencia del permiso de la administración autonómica, tal y como se recoge en la página 18 del acta de aquella histórica sesión. El Juez tiene ahora la última palabra.