Había depositadas grandes esperanzas en ella, pero al final no ha servido para nada. En los pasillos del Recreativo y en el Ayuntamiento de Huelva confiaban en que la auditoría forense fuese la bala de plata que acabara con el 'monstruo' de Pablo Comas. Pero llegada la hora de la verdad, el citado documento no ha pasado de ser un simple cartucho de fogueo. Y lo peor de todo es que ha tenido un coste de alrededor de 40.000 euros para las depauperadas arcas del club.

En primer lugar, el Consistorio no incorporó la auditoría a la querella presentada por el Recreativo Supporters Trust contra Comas, por la presunta comisión de varios delitos en su gestión al frente de los despachos del Nuevo Colombino. Al día de la fecha, y a expensas del Tribunal Supremo, la causa ha quedado reducida a una condena sin cárcel ni indemnización por falseamiento de cuentas, un tipo delictivo menor. Los querellantes siempre sostuvieron que con la forense, la sentencia habría sido distinta.

Luego fracasó el intento de convertir a la auditora que elaboró la forense, en una testigo de peso contra la reclamación que el empresario madrileño efectuó por el dinero que 'prestó' al Recre durante sus años como dueño y presidente del equipo albiazul. Finalmente, la citada auditora ni siquiera compareció como tal testigo. La consecuencia es de todos conocida. Ahora, salvo giro de los acontecimientos, el Decano deberá pagar a Comas casi medio millón de euros.

El pleito de la expropiación

Pero aún quedaba una nueva oportunidad para que la forense demostrara su valía. Además, en el pleito clave de la lucha judicial entre el Consistorio y Pablo Comas: la expropiación. Esta vez, la auditoría no fue presentada en plazo (se hizo el 4 de junio de 2020) por la representación legal del Ayuntamiento, que pretendía demostrar con el informe elaborado por Alcabala Auditores SLP, que Gildoy España SL adeuda al Recreativo 1.368.513,58 euros y que, en consecuencia, la expropiación estaba justificada ante la descapitalización del BIC por parte de su propietario.

Como era previsible, el 18 de junio, los abogados de Pablo Comas presentaron un escrito oponiéndose a la inclusión de la auditoría forense en la causa de la expropiación. El 30 de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Huelva dictó un auto por el que acordaba inadmitir la auditoría forense. Era un mal presagio. Aún así, el Consistorio insistió y el 16 de octubre, la letrada del Ayuntamiento presentó un recurso de reposición contra el mencionado auto judicial.

Batalla legal

La batalla prosiguió hasta que el pasado 3 de diciembre, el Juez terminaba dándole la razón a los abogados de Comas y desestimaba el recurso de reposición interpuesto por la representante legal del Ayuntamiento de Huelva. Dicho de otro modo, el Juzgado ha rechazado definitivamente la inclusión de la auditoría forense en el pleito por la expropiación. El documento sobre el que los políticos edificaron buena parte de su estrategia legal para el Recre, no ha valido, de momento, para nada.