A los nuevos dueños del Recre se les acaban las excusas
La celebración más corta de la historia del Recreativo ha terminado. Tras festejar la consecución de la permanencia deportiva en la Segunda División B, el recreativismo ha vuelto por donde solía en estos últimos tiempos y la preocupación, la incertidumbre y el malestar son ley. Y por primera vez en mucho tiempo, Pablo Comas no es el centro de las críticas, y sí el grupo empresarial onubense.
Pocos entienden la actitud de los nuevos dueños del Decano, que casi tres semanas después de cerrar la compra del 75% de las acciones del club que poseía Gildoy España, siguen sin elevar a público el acuerdo alcanzado el pasado 28 de abril con el empresario madrileño, aún a riesgo de incurrir en un incumplimiento de contrato que podría invalidar la operación.
Y los argumentos para justificar semejante demora comienzan a escasear, después de que el proceso judicial abierto por la denuncia del Recreativo Supporters Trust contra Comas no desembocara en el embargo de las acciones del máximo representante de Gildoy; y después de que el equipo comandado por Alejandro Ceballos haya asegurado la continuidad del Recre en la Segunda B.
Desde el grupo empresarial onubense se achaca el retraso a la necesidad de realizar una auditoría propia que confirme la situación económica del club, más allá de la aceptación recogida en el contrato de compra-venta. De hecho, se ha utilizado la web oficial del club para hacer un requerimiento de información para clientes y proveedores. Sin embargo, varios representantes de los nuevos dueños llevan meses entrando y saliendo del Nuevo Colombino, por lo que se antoja difícil imaginar que no conozcan las cuentas.
Y mientras tanto, el reloj del juicio final corre en contra del Recreativo. El club debe hacer frente, mediante el pago directo o aplazamientos, a obligaciones por valor de 2 millones de euros antes del 30 de junio, o se expone a un descenso administrativo a Tercera División. Una cantidad que no incluye la deuda con los empleados ni la reactivación del convenio con Hacienda y Seguridad Social, ni la anulación de la subasta de la Ciudad Deportiva.
