La Junta emite informe ambiental favorable para la Mina de Riotinto
La Administración Pública de Andalucía notificaba ayer a Atalaya Riotinto Minera, empresa operadora de la mina de cobre de Riotinto, el Dictamen Ambiental que considera favorable la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la explotación onubense. Este Dictamen es emitido en ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 19 de septiembre de 2018, que declaraba anulable, por un defecto de forma en su tramitación, el permiso ambiental emitido en 2014 para las actuaciones mineras del Proyecto.
Según la hoja de ruta comunicada a Atalaya, se espera que, en los próximos días y una vez finalizado el trámite de audiencia legalmente previsto, la Administración emita una nueva resolución convalidando la AAU Favorable anulada por el Alto Tribunal. Corresponderá entonces a la Autoridad Minera convalidar la Resolución de reinicio de los trabajos en la Mina de Riotinto, de 23 de enero de 2015. Este permiso de explotación fue también anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sentencia de 24 de abril de 2019, como consecuencia de la Sentencia de 2018, al considerar que el proyecto minero carecía del previo permiso ambiental.
Una vez se realice esta última actuación administrativa por parte de Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, la mina de Riotinto habrá reestablecido la validez y eficacia de todos sus permisos administrativos.
Hay que destacar que el Dictamen Ambiental recién emitido, como se esperaba, reproduce los condicionantes técnicos ambientales impuestos a la actividad ya en el año 2014: toda la documentación presentada por Atalaya había sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de los distintos órganos administrativos ambientales, y los resultados ya formaban parte de las prescripciones ambientales dispuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental de la mina.
Además, frente a la exigencia de cierre de la mina expresada por los colectivos ecologistas, el nuevo dictamen especifica que para que pueda ordenarse una paralización de la actividad en el complejo minero debían de cumplirse determinados requisitos que no concurrirían en el caso.
Por todo ello, Atalaya y sus accionistas se felicitan porque, una vez culminado el proceso, la compañía podrá contar ya con la seguridad jurídica administrativa necesaria para mantener la inversión en el histórico yacimiento minero de Riotinto. Ello, con objeto de profundizar en la estrategia de crecimiento responsable emprendida con vistas a ofrecer un proyecto más robusto a largo plazo para beneficio de todos los grupos de interés; y generar mayor empleo, crecimiento económico y valor añadido para su entorno.
