La Fiscalía investiga la legalidad de la Zona ORA de Riotinto

El Ministerio Fiscal incoa diligencias de investigación para determinar la naturaleza jurídica de la exención del pago a los empadronados en la localidad

La Fiscalía Provincial de Huelva ha abierto una investigación para determinar si hay delito en implantación de la Zona ORA de aparcamientos en las inmediaciones del hospital comarcal de Minas de Riotinto, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de la localidad con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y el rechazo del Grupo Municipal Socialista.

A través de un escrito de la propia Fiscalía, al que ha tenido acceso el diariodehuelva.es, el Ministerio Fiscal anuncia la apertura de "diligencias de investigación" para "acreditar la realidad de los hechos denunciados y su verdadera naturaleza jurídica para así valorar la actuación que le corresponde a este Ministerio Fiscal".

La Fiscalía responde así satisfactoriamente a la denuncia formulada por el partido Cámbialo, la asociación Podemos Cambiarlo y la agrupación de electores Sí se puede, Minas de Riotinto, que consideraron que la implantación de la Zona ORA junto al hospital riotinteño podía "estar violando, entre otros, el  Artículo 14 de nuestra Constitución", que señala que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Los denunciantes atribuían ese posible incumplimiento al hecho de que la medida aprobada por el Ayuntamiento de Riotinto exime del pago por estacionamiento de vehículos a las personas empadronadas en esta localidad, lo que a su juicio supone un "trato desigual y discriminatorio, no por razón del mayor o menor uso, sino por la razón del lugar de empadronamiento de la persona que use el aparcamiento, lo que constituye un abuso discriminatorio, en perjuicio y contra los enfermos, familiares y visitantes de enfermos, no empadronados en la localidad", exponían.

Para los denunciantes se trata, en definitiva, de "una medida injusta, insolidaria y posiblemente ilegal e inconstitucional por la discriminación hacia los ciudadanos de las comarcas de la Cuenca Minera, de la Sierra de Huelva, y del Andévalo, para los cuales dicho hospital es su centro de referencia”.