La alcaldesa de Riotinto traslada a la Policía a un centro de salud
Los agentes comparten el baño con los pacientes y carecen de espacio para el armero y el vestuario en la nueva sede, criticada por no ser adecuada para atender a los ciudadanos.
El conflicto entre el Ayuntamiento de Minas de Riotinto y la Policía Local del municipio se ha resuelto en los Tribunales de Justicia, que han dado la razón a los agentes policiales, pero parece lejos de resolverse en el ámbito interno. Nada más incorporarse a su puesto de trabajo el primero de los tres policías que ya ha recibido el alta médica, la alcaldesa de la localidad, Rosa Caballero (PP), trasladó la sede policial a una sala ubicada en el centro de salud de la barriada del Alto de la Mesa, donde los agentes tienen incluso que compartir los aseos con los pacientes del ambulatorio.
El traslado, que se produce después de que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Huelva declarase nulos los cuadrantes de servicios que había establecido el equipo de gobierno municipal de manera “unilateral” para el año 2015, no ha hecho sino acrecentar aún más el malestar de los efectivos policiales, que consideran que la nueva Jefatura “no reúne las condiciones para atender a los ciudadanos”.
El delegado sindical del CSIF y representante de los funcionarios del Ayuntamiento, Ricardo Muñoz, denuncia además que en la nueva sede no hay espacio ni para el armero ni para el vestuario que necesita la Policía Local para desempeñar todas sus funciones, por lo que, antes de efectuar determinados servicios, los agentes tienen que trasladarse primero a la antigua jefatura, ubicada en el interior del Ayuntamiento.
Asimismo, los ciudadanos que acuden a las dependencias policiales para poner una denuncia o realizar cualquier trámite, si en ese momento está ocupado el agente de turno, tienen que esperar en la calle para poder ser atendidos, puesto que en la sala “no hay espacio para eso”, añade el propio Muñoz, quien también es miembro de este cuerpo municipal.
El representante sindical denuncia además que, de momento, los agentes ni siquiera tienen acceso a los armarios que han sido instalados en la nueva Jefatura, ya que están cerrados con candados y nos les han facilitado las llaves para abrirlos.
Por último, Ricardo Muñoz considera que el nuevo emplazamiento de las dependencias policiales genera inseguridad en los propios agentes policiales, ya que el barrio tiene un alto grado de “conflictividad” y hace que sea más aconsejable aún que siempre haya dos policías trabajando en el mismo turno, algo que, según el propio delegado sindical, es imposible de garantizar con los cinco efectivos con los que cuenta la plantilla.
“Estaríamos de acuerdo con el traslado si hubiese personal suficiente como para que siempre estemos dos policías”, sostiene, si al tiempo que tiene claro que “con cinco policías en plantilla es imposible que quede garantizada nuestra seguridad en esa barriada”.
Casi un año de conflicto. El conflicto entre el Ayuntamiento de Minas de Riotinto y la Policía Local comenzó a principios de año, cuando el equipo de gobierno del PP estableció un cuadrante de servicios sin una negociación colectiva previa, tal y como ha sentenciado recientemente el magistrado-juez del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Huelva.
Además, los agentes consideraban que los cuadrantes no respetaban el sistema de turnos, descansos y servicios mínimos recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), así como que hacían “imposible” que los trabajadores pudieran compaginar la vida laboral y familiar. El motivo, según el propio Ricardo Muñoz, es que el Ayuntamiento pretendía cubrir, con sólo cinco policías, los servicios policiales durante las 24 horas del día de lunes a viernes.
A lo largo del año, con estos cuadrantes de servicios, han llegado a estar de baja laboral los cinco miembros del cuerpo municipal, todos excepto el oficial jefe, al que según Muñoz no le afectaban los cuadrantes porque “siempre hace el turno de mañana”. Incluso durante unos dos meses han coincidido de baja los cinco agentes, tal y como también adelantó este periódico en su momento.
El primer policía fue dado de baja en abril por depresión y después se sumó otro compañero tras ser intervenido quirúrgicamente en un brazo. Posteriormente fueron dados de baja los otros tres trabajadores, dos por estrés laboral y uno aquejado de un alto nivel de azúcar en la sangre.
En medio de este proceso se produjo además el episodio que ha tenido más repercusión mediática. Los policías recibieron una Orden de Servicio en la que se les ordenaba denunciar toda infracción y se les advertía de que podían ser expedientados si no cumplían con esa orden. Fue en ese momento cuando los agentes policiales interpusieron, el pasado 26 de septiembre, un total de 17 multas de tráfico en una sola noche -16 por aparcar encima de la acera y otra por obstruir la salida de vehículos- tras lo que la alcaldesa, a través de un Bando Municipal, desautorizó la actuación de los agentes y atribuyó las multas a una “medida de protesta” de la Policía contra decisiones “que no son de su agrado”.
