José Manuel Vázquez rescata la declaración de un testigo presencial del ‘El Año de los Tiros’

‘El Año de los Tiros’ sigue siendo recordado como uno de los acontecimientos históricos más destacados de la historia contemporánea onubense. La manifestación antihumista, considerada como la primera ecologista de la historia de la Humanidad, la represión y las muertes causadas y todo lo que rodea a este hito son temáticas de recurrente análisis y estudio.

El zalameño José Manuel Vázquez Lazo es uno de los investigadores más prolífico en cuanto a publicaciones de la historia de la Cuenca Minera. Su labor al frente del archivo municipal de Zalamea la Real ofrece numerosas ocasiones de profundizar en aspectos identitarios de la comarca, como este ‘Año de  los Tiros’, acaecido a finales del siglo XIX.

En una nueva publicación en sus redes sociales, Vázquez Lazo muestra un nuevo testimonio relevante para este acontecimiento, la declaración del concejal Juan Antonio López Gómez, quien comparece ante Cornelio Mantero Gómez para explicarle lo que sucedió el 4 de febrero de 1888.

En sus manifestaciones, que se produjeron en 1889 y que se conservan en el Archivo Municipal de Zalamea la Real, López Gómez indica que eran las diez o las once de la noche del día 3 de febrero cuando, estando en casa de José Tatay Gil, se oyeron voces de “¡Viva la agricultura, abajo los humos!”. Después se oyeron también voces sobre la misma puerta de la casa referida, diciendo “todo el mundo fuera”. Al salir, vieron “muchos hombres al parecer embozados  que se acercaron a mí y me dijeron, “vénganse V. con nosotros””.

Se autodenominaron como “labradores honrados que en una manifestación pacífica y en uso de nuestro perfectísimo derecho pedimos que nos quiten los humos”. Sus declaraciones pasan ya al día siguiente, el día fatídico, cuando se levantó tarde y se encontró la plaza llena de personas y de la banda de música. “Se me aproximaron un sin número de aldeanos y me obligan a unirme a ellos, los cuales entre las gentes de todo el pueblo, me impidieron el que almorzase y el que buscase una bestia por no sufrir la incomodidad de venir andando”.

Se unió a los cientos de mujeres, niños y hombres que tomaron el camino de Minas de Riotinto con objeto de pedir al Ayuntamiento que suprimiera las calcinaciones al aire libre enclavada en su término municipal. Califica el declarante esta manifestación como justa y con un admirable orden, hasta el punto de que “muchísimas veces que les oí, varios gritos como salidos del corazón, diciendo “¡viva el orden público!””.

Pero al llegar cerca del Valle, se vio un grupo numeroso, al parecer compuesto por obreros, y se tomó la decisión de nombrar sendas comisiones para ver la forma de proceder. Juan Antonio López formó parte de esa comisión y comprobó que la intención de la manifestación obrera era, en efecto, la supresión de las calcificaciones al aire libre, junto a varias reformas sociales que afectaban a la población.

El resumen del declarante es que “en vista de esto, y resultando que coincidíamos en lo principal, esto es, en la supresión de las calcificaciones al aire libre; resultando también que los obreros pedían con razón está supresión de calcinaciones, fundados en que les era imposible resistir estas inmensísimas mantas de humo, por lo expuestos que estaban a morir asfixiados; y que nosotros pedimos también esta supresión, no solo por el sagrado derecho que tenemos a la vida, sino también por nuestra agricultura y ganadería, resolvimos unirnos, y que las comisiones nombradas se acercaran al Ayuntamiento con el mayor respeto y orden”.

Ambas comisiones recomendaron a los manifestantes que no se alterara el orden público y que la imponente manifestación quedará en el Valle, yendo los representantes al Consistorio para negociar.

Entraron por la calle Saénz, donde encontraron un teniente de la Guardia Civil, así como a otros oficiales y “a su digno jefe señor Medina”, quienes les flanquearon el paso, al comprobar que respetaban el orden público.

Ya en el Ayuntamiento, “vi al presidente 1º teniente y otros cuantos concejales que constituyen este Ayuntamiento, y le dijimos que en nombre de 8 o 14.000 individuos de Zalamea y obreros de la mina pedíamos: 1º, se reunieran en sesión extraordinaria; 2º, que con arreglo a las disposiciones ya citadas, acordara suprimir las calcinaciones al aire libre; 3º, que influyera cerca del director de la compañía con objeto de que las peticiones secundarias de los obreros fueran atendidas”.

Tras reiterar en diversas ocasiones que venían en actitud pacífica, escucharon la negativa municipal a sus pretensiones. “Los señores del Ayuntamiento nos contestaron que con respecto a que el Ayuntamiento tomara acuerdo sobre la supresión de las calcinaciones al aire libre, no debía hacerlo porque ya habían tomado acuerdos sobre los mismos; y con respecto a la petición de los obreros sobre reformas en este establecimiento, que no era competencia de los ayuntamientos, pero que influiría con el director a fin de que vinieran a un arreglo”.

La Comisión aportó argumentos legales y consiguió que los munícipes se reunieran “en sesión como habíamos solicitado, prometiéndonos en vista de las razones aducidas, que resolverían la cuestión todo lo más favorable posible, con lo cual nos retiramos de la sala de sesiones”.

La tardanza en resolver el asunto ya escamó a los representantes ciudadanos, pero fue la llegada del Gobernador, recibido con aplausos, lo que marcó definitivamente el sangriento día.

El gobernador ocupó la presidencia y mandó llamar la Comisión de Zalamea, a quien contestó “que los ayuntamientos no pueden tomar estos acuerdos, que el Gobierno es el llamado a resolverlos, y que nos fuéramos con la manifestación, porque tenía fuerzas suficientes para retirarlas, resultare lo que quisiere. Dijo también que prohibía terminantemente al Ayuntamiento tomar acuerdo alguno y que si lo tomaba los revocaría, como revocó el de Alosno, y que el Gobierno estaba conforme y aprobaba su conducta sobre el particular”.

“A todo esto, le contestamos que con arreglo a disposiciones citadas, creíamos que son de la exclusiva competencia de los ayuntamientos, y no del gobernador, el conocer de los acuerdos correspondientes de higiene y salubridad, que lo que pretendíamos nosotros era el tomar acuerdo suprimiendo las calcinaciones, puesto en sesiones anteriores habían acordado que perjudican a la salud. Todo eso lo dijimos con el respeto debido, y haciéndole presente también la Real Orden que tantas veces he citado”, continúa la declaración de López.

Imploraron al Gobernador que cambiase de opinión y que saliera aI balcón para hablar a los manifestantes. Su intervención fue muy negativa, diciendo “que el Ayuntamiento no tomaba acuerdo alguno (creo que también dijo), que él se lo prohibía, que se retiraran porque de lo contrario lo haría la fuerza, que tenía suficiente Guardia Civil”. A pesar de las peticiones de la Comisión, el Gobernador continuó en su línea negativa “y se dirigió al jefe de la fuerza allí presente, el teniente coronel de Pavía, quien se asomó al balcón, dirigió la palabra a la muchedumbre, y entre otras cosas que no recuerdo bien, dijo que tenía bastante fuerza; y hubo un imprudente cuya voz salió de la acera izquierda y pronunció las palabras “nosotros también la tenemos””.

Casi al mismo tiempo, según este testigo presencial, se oyó otra voz de “fuego”, aunque no puede asegurar desde dónde procedía. “Vi disparar inmediatamente sobre la pacífica manifestación, y observe que ésta, en cuanto los soldados de Pavía se echaron los fusiles a la cara, no hizo más que huir dejando muchos cadáveres (al parecer) en el susto, entre ellos dos mujeres y un niño tendido a galgo con la cara para el suelo y como de 9 a 10 años. Con un detalle que recuerdo ahora qué es que poco antes de hacer fuego se había retirado la caballería y que la Guardia Civil tiró al aire”.

Tras la larga comparecencia, Juan Manuel López Gómez se encontró indispuesto, por lo que rogó a las autoridades que le dispensasen de continuar declarando. Este documento de junio de 1889 se encuentra depositado en el legado 186 del Archivo Municipal de Zalamea la Real.

Como bien indica Vázquez Lazo en su publicación, “a importancia de las fuentes archivísticas es indiscutible a la hora de reconstruir nuestra Historia”.