Riotinto lleva ya dos meses sin policías locales
Los cinco agentes siguen de baja y los efectivos de otros municipios se niegan a trabajar en la localidad en apoyo a sus compañeros.
La localidad onubense de Minas de Riotinto lleva ya casi dos meses sin servicio de Policía Local. Desde el pasado 1 de octubre, último día en que efectivos del cuerpo municipal desempeñaron sus funciones en las calles del municipio, ninguno de los cinco miembros que componen la plantilla, con la salvedad del oficial jefe, se encuentra en disposición de prestar sus servicios. Tal y como ya adelantó el diariodehuelva.es, dos de los agentes se dieron de baja ese día, otros dos lo estaban desde varias semanas antes y uno, que por entonces estaba de vacaciones, se dio igualmente de baja a finales del pasado mes, justo el día en que le tocaba incorporarse.
Esta situación se produjo a raíz del fuerte conflicto desatado entre el equipo de gobierno municipal y el cuerpo de la Policía Local, un conflicto que tuvo su momento culmen en la noche del 26 de septiembre, en plena festividad de La Esquila, cuando los agentes que prestaban servicio en el municipio interpusieron hasta un total de 25 multas, todas ellas por estacionar vehículos encima de la acera de una calle en la que los conductores han aparcado así desde siempre para permitir el tránsito de vehículos por la vía
La polémica se originó cuando la alcaldesa, Rosa Caballero, criticó públicamente en un Bando municipal la actuación de la Policía, a la que acusó de interponer esas multas sin autorización del Ayuntamiento. La regidora del PP calificó además la actuación policial como una medida de protesta de los agentes contra el equipo de gobierno por una serie de decisiones que no eran del agrado de los efectivos policiales, lo que no hizo sino incendiar aún más el conflicto y evidenciar las malas relaciones existentes entre el cuerpo municipal y el equipo de gobierno del PP.
A partir de ahí trascendió la existencia de una Orden de Servicio por la que la Alcaldía, sólo tres días antes de la noche de ‘autos’, había ordenado a los agentes policiales que denunciaran todas las infracciones que se produjeran en el municipio, al tiempo que les advertía de que podrían ser expedientados por falta grave si no cumplían con esa obligación. La citada Orden de Servicio puso en entredicho la versión de la alcaldesa, quien justo después de aquello se encontró con que los únicos dos efectivos policiales de que disponía se daban de baja laboral. Otros dos ya estaban en esa misma situación y otro se encontraba de vacaciones.
Ante ello, el Ayuntamiento, tal y como también adelantó este periódico, tuvo que recurrir en una ocasión al Consistorio de Lepe para prestar el servicio policial, concretamente el pasado miércoles 7 de octubre, día de la procesión de la Patrona del municipio, la Virgen del Rosario. Sin embargo, la regidora del PP no ha podido recurrir a agentes foráneos en más ocasiones, ya que los efectivos policiales de otras localidades de la provincia, según informó también el diariodehuelva.es, se negaron a prestar sus servicios en Riotinto en solidaridad y apoyo a los cinco miembros del cuerpo municipal de la localidad andevaleña, por lo que al Ayuntamiento riotinteño le está resultando imposible garantizar la presencia policial en las calles.
La negativa de los agentes a prestar servicio en Riotinto se produjo después de que el sindicato CSIF mostrase su apoyo a los cinco policías de la localidad minera onubense en el conflicto que mantienen con el equipo de gobierno municipal del PP. Desde la central sindical, según pudo saber este periódico, solicitaron a los agentes de toda la provincia que no atiendan las solicitudes de refuerzo que provienen del Ayuntamiento de Riotinto.
Posteriormente, el sector de Administración Local del CSIF detalló, en un comunicado, que los primeros desacuerdos entre el equipo de gobierno y la Policía Local comenzaron a principios de año cuando se impuso un cuadrante “en el que no se respetaban los ciclos de trabajo ni los descansos entre turnos”. Además -según explicaron desde CSIF- al contar con pocos efectivos (un total de cinco agentes con edades comprendidas entre los 53 y los 57 años) “se modificaba la jornada para cubrir los tres turnos con más de 100 cambios en relación al cuadrante inicial, lo que ha hecho imposible la conciliación de la vida laboral y familiar”.
Este fue el inicio de un conflicto que, a finales de septiembre, se endureció como consecuencia del Bando municipal antes citado, con el que, a juicio del CSIF, el Ayuntamiento “desacreditaba” públicamente a los agentes de la Policía Local, “dejando a este cuerpo de seguridad sin credibilidad minando su reputación y su trabajo”, lamentó el CSIF.
Otro de los motivos del conflicto, según el propio sindicato, radica en la decisión de la corporación de trasladar la Jefatura de Policía a una oficina que se ubica en el edificio del centro de salud de la barriada del Alto de la Mesa de la localidad, un local que según el CSIF carece de servicios propios, como los aseos. Además, "la nueva localización se caracteriza por los continuos conflictos y reyertas entre los vecinos con la peligrosidad añadida de contar con un solo policía por turno, lo que pone en riesgo su vida”, advirtió el sindicato.
