Ecologistas critica que el Acuerdo de Doñana se sustente principalmente en pagos con fondos públicos

Al llamado Acuerdo de Doñana firmado entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía le queda aun camino por recorrer. Y la clave estará en la Mesa Técnica que en los próximos meses determinará cuántas son las hectáreas afectadas por el pacto y el número de agricultores que finalmente se podrá beneficiar del entendimiento. Y también el número de pueblos y términos municipales que se pueden acoger a las importantes medidas de todo tipo que apunta el documento.

De momento, Ecologistas en Acción ha recordado que "Doñana se encuentra en un abismo y el Estado español bajo la amenaza de sanciones internacionales por no conservar los valores de Doñana". Por eso, dice en su análisis Ecologistas en Acción que "tenía la esperanza de que hubiera un pacto entre las administraciones para acabar con el robo de agua, restaurar los ecosistemas y la biodiversidad, y crear un instrumento normativo definitivo para blindar Doñana con garantías".

Pero la solución, a su juicio, que ofrecen el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía se ha plasmado en un simple protocolo de cordialidad.

El documento compromete, básicamente, a mantener un foro de diálogo, buscar el equilibrio entre desarrollo económico y conservación de la integridad de Doñana, que se cumpla la legalidad, que se logre concluir el procedimiento de infracción abierto por la unión Europea al Estado español y tomarse en serio las recomendaciones de las Misiones de Ramsar y de la Unesco. Así, en sentido amplio y sin más detalle, dice.

Las dos administraciones han presentado sendos documentos de actuaciones en el marco del protocolo firmado, el de la Junta de 11 páginas, el del Ministerio de 60 y con periodo de información pública para recibir alegaciones hasta el 15 de diciembre.

Pero la ministra Teresa Ribera y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, han dejado para dar a conocer en ruedas de prensa algunos datos que revelan importantes detalles. Así, añade Ecologistas, "hemos podido saber que se pretende solventar la deplorable situación del robo de agua en Doñana y el conflicto social creado por sectores agrícolas con cuantiosos pagos directos provenientes de fondos públicos andaluces, españoles y europeos".

Por su parte, según observa y apunta la organización, "el documento de la Junta de Andalucía ha amalgamado proyectos realizados, otros en marcha y algunos aprobados, afirmando que aportan 700 millones de euros en el marco de este protocolo".

Obras que nada tienen que ver con Doñana

Estas actuaciones las presentan en el denominado "Marco de actuaciones para el desarrollo territorial del área de influencia del Espacio Natural de Doñana", que incluye actuaciones en La Antilla y El Rompido (al oeste de Huelva), en la presa de los Machos (río Piedras, Cartaya, Huelva), en Burguillos (norte de Sevilla) o en municipios en parques nacionales de Sierra Nevada y la Sierra de la Nieves.

"Este documento carece de relación con el actual marco de cooperación para el desarrollo sostenible respetando los valores del espacio protegido de Doñana, pues no ofrece detalles novedosos a ese respecto. Por parte de la Junta, lo que se sabe nuevo es lo declarado en ruedas de prensa", indican las fuentes.

El consejero de Sostenibilidad, Fernández-Pacheco, repite ante la prensa hasta la saciedad que el Plan de la fresa de 2014 "es un plan de ordenación que estaba mal hecho" y "era injusto con algunas familias". A lo que recuerda Ecologistas que "se trata de un plan que se elaboró con consenso y apoyo de todos los sectores, que prevé cómo tratar los escasos casos que pudieran tener alguna dificultad e incluso el mecanismo para su revisión".

A pesar de ello, el “de la Corona Norte” o “de la fresa” es un plan de ordenación de los regadíos que ha sido, como todos los anteriores, sistemáticamente incumplido por agricultores especuladores y poco heterodoxos, dentro del heterogéneo colectivo de los agricultores del ámbito de influencia de Doñana. Para Ecologistas en Acción, es "una irresponsabilidad que un consejero repita y repita una frase como si hubiera conocido de primera mano el instrumento de planificación y participado en su desarrollo, cuando a todas luces la repite como un mantra aprendido de ciertos sectores".

Si finalmente se confirma lo que se viene publicando en prensa, y a falta de analizar en profundidad las propuestas del Ministerio para la Transición Ecológica en el marco del recién firmado “Protocolo general de actuación relativo a la realización, seguimiento y evaluación de las iniciativas y actuaciones para el desarrollo socioeconómico sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana”, para Ecologistas en Acción "la jugada de presión le ha salido redonda a un colectivo de agricultores heterogéneo, en los que no faltan, como decíamos, especuladores".

Dinero por hectárea

En los 14 municipios del entorno de influencia en el Espacio Natural de Doñana, el Ministerio pagará 70.000 euros prorrateados en 10 años, por cada hectárea que se convierta de uso agrícola a forestal. En los cinco municipios donde están los principales causantes del problema del agua en Doñana, podrán recibir además 20.000€ más de la Junta, más 10.000€ de la Diputación de Huelva.

Según el Ministerio, "los solicitantes tendrán que presentar documentación que avale que cumplen estrictamente la legalidad. Esto parece dejar de nuevo en un limbo jurídico para los que han cultivado con regadío en tierras de canon de montes públicos de Ayuntamientos".

En total, estos agricultores recibirán 100.000 euros del erario público por hectárea que transformen, sin perjuicio de poder concurrir a otras muchas ayudas del ámbito forestal, invertir en entornos más propicios como Marruecos o en las ampliaciones de regadíos de la propia Huelva, así como firmar convenios de compensación de emisiones con empresas que paguen las reforestaciones y las mantengan por 30 años.

"Doñana y su deterioro en picado es un caso paradigmático por muchas razones. La inobservancia y violación continuada de la planificación por parte de muchas empresas de la comarca se ha materializado en malas prácticas agrícolas, conversión espontánea de suelos forestales a agrícolas en los montes de los propios Ayuntamientos y robo de agua mediante pozos sin licencia", añade el análisis de Ecologistas.

Por otra parte, toda la planificación elaborada sucesivamente a lo largo de décadas no ha tenido aplicación, control ni sanción por parte de las diferentes administraciones públicas competentes -locales, autonómica y estatal- .

La conjugación de estos dos hechos en bucle a lo largo de la Historia ha significado, insiste, "un crecimiento desmedido del regadío que ha llevado a la sobreexplotación del acuífero de Doñana y la contaminación de sus aguas, abocando a la comarca al colapso económico".

Puede que no lo parezca, concluye Ecologistas, "pero nos encontramos ante el error recurrente de hacer borrón y cuenta nueva. Desde Ecologistas en Acción podemos aventurar que tampoco esta vez saldrá Doñana del bucle del fracaso".