WWF lleva a la Comisión Europea el plan de PP y VOX que "indulta a los regantes ilegales" en Doñana
WWF se ha dirigido por carta a la Comisión Europea para transmitir su profunda preocupación ante la nueva amenaza que supone la nueva proposición de ley del Partido Popular y Vox para Doñana. Este nuevo intento del presidente Moreno Bonilla -Presidente de la Junta de Andalucía y del grupo del PP en el Parlamento de Andalucía- "para ampliar la superficie de regadíos y amnistiar a los ilegales" supone a su juicio un ataque directo a la conservación de Doñana y un claro incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, dictada en junio de 2021, por no proteger al espacio natural frente a la sobreexplotación y robo del agua.
Esto podría acarrear fuertes sanciones y la congelación de fondos comunitarios para la agricultura que recibe Andalucía.
WWF ha puesto en conocimiento de la institución europea la nueva proposición de ley que pretende ampliar la superficie de regadío "indultando a los agricultores ilegales que roban agua para regar los cultivos de fresas del entorno de Doñana".
La nueva propuesta vuelve a modificar el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa, que nació en 2014 fruto del consenso entre los diferentes actores para ordenar el territorio y que, precisamente, fue admitido por la CE como una de las principales medidas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por el estado crítico en el que se encuentra este humedal de importancia internacional, recuerda.
WWF mantiene que "con esta proposición se busca amnistiar a los regadíos ilegales que secan el acuífero de Doñana y contribuyen al déficit de agua en la cuenca del Guadalquivir, en lugar de proceder a su cierre, tal y como obliga la ley y el Plan de la Fresa. Además supone un engaño ya que aunque la reforma pudiera legalizar el uso del suelo ampliando aún más la superficie de regadío, seguirá la ilegalidad del uso del agua puesto que la Junta de Andalucía no tiene competencias para asignar recursos hídricos y conceder derechos de riego con agua superficial en la demarcación del Guadalquivir, competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)".
Pero además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha advertido de que en la planificación hidrológica actual no hay previsión de otorgar nuevos permisos de agua a los que en 2018 se acordaron para poder trasvasar a la demarcación del Guadalquivir desde la del Tinto, Odiel y Piedras. Es decir, ni la Ley del trasvase ni el Plan Hidrológico del Guadalquivir permiten incrementar la superficie de cultivo en regadío como ha prometido a los agricultores ilegales el gobierno del presidente Moreno Bonilla, ya que incumpliría flagrantemente la normativa comunitaria, añade WWF.
La sentencia europea fue clara al concluir que "la extracción abusiva e incontrolada de agua daña de forma grave el Espacio Natural de Doñana e incumple el derecho comunitario".
Ahora, comenta WWF "para esquivar la sentencia europea, el Partido Popular trata de confundir a la Comisión Europea y a la opinión pública con el falso argumento de que una vez sean legalizados los agricultores que roban el agua del acuífero sólo la recibirán superficial, sin mencionar que en caso de que algún día el agua del trasvase llegue a la zona serían precisamente los ilegales quienes se aprovecharán antes del escaso recurso y nunca llegaría a los regantes más próximos al Parque Nacional, donde el acuífero se encuentra en peor estado y es más urgente eliminar y sustituir las captaciones subterráneas".
Por lo que en modo alguno un incremento del consumo de agua y de la superficie de regadío puede ayudar a mejorar la situación de Doñana y, muy al contrario, supondrá un claro empeoramiento y una vulneración deliberada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La proposición de ley, que carece del más mínimo fundamento o justificación técnica, tampoco aclara si una vez aprobada la Junta de Andalucía cerraría cautelarmente las fincas que están robando agua del acuífero y ocupando el terreno ilegalmente y que como ha denunciado WWF son de su exclusiva responsabilidad.
“Esta nueva propuesta de ley es otro engaño y una auténtica burla a la sociedad, a los agricultores legales y a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y a la propia Comisión Europea, ya que amplía la superficie de regadío sin evaluar las consecuencias, impulsa la utilización ilegal del agua y del suelo y recompensa abiertamente a los ilegales poniendo en peligro el suministro de agua para los agricultores que cumplen la ley en un escenario seguro de escasez y sequía”.
Y añade: “por ello, hemos pedido a la CE que intervenga y exija el cumplimiento de la sentencia, por la que la Junta de Andalucía debería proceder a la eliminación de todas las fincas ilegales que conoce perfectamente y a impulsar medidas urgentes para la conservación de Doñana”.
