viernes. 29.03.2024
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Agricultura y Regadíos

Exigen conocer la titularidad de 650 fincas que se benefician de la iniciativa de PP y VOX sobre regadíos en Doñana

WWF pide al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, la convocatoria "urgente" del pleno ante la presentación por el Partido Popular y Vox de la Proposición de Ley en el Parlamento de Andalucía sobre regadíos en Doñana. Exigen conocer la titularidad de las 650 fincas que se benefician de la iniciativa de PP y VOX.
Una voluntaria observa una zona seca del Parque Nacional
Una voluntaria observa una zona seca del Parque Nacional
Exigen conocer la titularidad de 650 fincas que se benefician de la iniciativa de PP y VOX sobre regadíos en Doñana

Ante la presentación, el pasado 3 de marzo, por parte del Partido Popular y Vox de la Proposición de Ley en el Parlamento de Andalucía por el procedimiento de urgencia para "amnistiar a los regantes ilegales que llevan años esquilmando el acuífero", WWF ha solicitado al Presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, la convocatoria urgente del Pleno del Consejo de Participación para que sea informado de los pormenores de dicha propuesta.

"Solicitamos en nuestra petición que se facilite copia de la Proposición de Ley, de los informes técnicos que la acompañen, la cartografía y toda la documentación justificativa que se haya presentado junto con la propuesta. Asimismo, pide se aporten diversos informes que deben acompañar este tipo de modificaciones de planes especiales como el de incidencia territorial o la Evaluación de Impacto Ambiental", reclama WWF.

A juicio de WWF, "es necesario que el Consejo de Participación de Doñana se reúna cuanto antes y sea informado de todos los detalles de una proposición de ley que es perjudicial para Doñana, el acuífero y los regantes legales de la comarca. Estos dos partidos han presentado la propuesta sin importarles la gravísima brecha social e institucional que ha abierto y a la que ya se opusieron frontalmente durante 2022 organizaciones ecologistas, sociales, sindicales, organismos internacionales y supermercados. También consumidores, investigadores e, incluso, una parte importante de los propios agricultores de Doñana, muchos de ellos con representación en el Consejo de Participación". 

Por otra parte, insta WWF a que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico o la Confederación Hidrográfica entregue copia del informe preceptivo que debe acompañar a la modificación, ya que afecta directamente a la gestión de los recursos hídricos, competencia del Estado. Si este informe no se ha emitido, se pide que uno de estos dos organismos informe al Pleno de si la modificación se adecúa a las indicaciones contenidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, en especial, el posible aumento del suelo agrícola regable, sea con aguas superficiales o subterráneas.



Reclamamos que se presente el listado y cartografía de las fincas que se beneficiarían de la modificación y que deben ser conocidas por Vox y PP que se refieren a ellas como “650 explotaciones” en la exposición de motivos.
 

Lamentamos que Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, haya decidido desoír todas las voces en contra y, sin datos ni justificación técnica, haya presentado a trámite esta peligrosa iniciativa legal.

"Denunciamos que esta proposición de ley está motivada únicamente por intereses electoralistas en el Condado de Huelva y se construye sobre falsas premisas, tales como supuestos derechos históricos inexistentes que los agricultores ilegales nunca han podido demostrar y han sido denegados por los tribunales españoles. Así como una supuesta “retroactividad injusta” que también ha sido descartada por los jueces, que no han anulado ni uno solo de los artículos del POTAD o del  Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD).

Por último, señala WWF que el procedimiento escogido a través de la confección de una ley singular no respeta el procedimiento previsto en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), que establece que la Junta es la competente en esta materia y tiene entre otros objetivos evitar la participación pública.

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