Moguer se pone como ejemplo para frenar los asentamientos chabolistas

El alcalde afirma que se ha conseguido reducir el número de inmigrantes de 1.500 el pasado año "a poco más de 400 en la actualidad". La Junta pide la implicación de todas las administraciones y el Gobierno recuerda que ya ayuda a ONG que atienden a inmigrantes

El director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta, Luis Vargas, se ha desplazado este martes a varios municipios onubenses con grandes zonas de producción agrícola en las que el fenómeno de la inmigración tiene una mayor presencia.

La visita se produce después de que se produjera un nuevo incendio en un asentamiento chabolista junto al cementerio de Lepe la semana pasada, que ha requerido ayuda humanitaria para los inmigrantes. El pasado mes de mayo, también se produjo un incendio en un asentamiento en Moguer, en la zona del polígono Los Arroyos.

Una de las visitas se ha realizado precisamente en Moguer, donde acompañado por el delegado del Gobierno Andaluz, Francisco José Romero, Vargas ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde Gustavo Cuéllar, la concejala de Bienestar Social, Paqui Griñolo, y varios técnicos de este área municipal que trabajan en estrecho contacto con la situación de los inmigrantes en el municipio.

El objetivo, ha informado el Consistorio moguereño en una nota, no ha sido otro que conocer en profundidad la realidad de este colectivo para intentar promover actuaciones que favorezcan su integración sociolaboral y "minimicen el impacto negativo que hasta ahora tienen los asentamientos chabolistas que siguen detectándose en el entorno de las zonas freseras de la provincia".

Antes, el director general de la Junta había mantenido contactos tanto con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), así como con entidades sociales que trabajan en relación con la situación de estos asentamientos, como Accem, visitando incluso algunos de estos parajes en los que persiste el fenómeno de las concentraciones chabolistas.

Atención desde todas las administraciones

Durante la reunión de trabajo tanto los representantes municipales como los de la Junta de Andalucía coincidieron en la "necesidad de articular políticas y mecanismos de atención social en los que se involucren decididamente las tres principales administraciones implicadas", como son los ayuntamientos, la Junta y el Gobierno central.

En este punto, Gustavo Cuéllar ha destacado “el esfuerzo que el consistorio moguereño viene realizando desde hace años potenciando el servicio de atención al colectivo inmigrante, y poniendo en marcha un protocolo para la eliminación de estos asentamientos tercermundistas y con graves problemas de salubridad y seguridad para sus propios ocupantes y también para el medio natural que son los asentamientos”.

En este sentido Cuéllar recalcó que “mediante una actuación que incluye labores de información y concienciación, asesoramiento sobre alternativas de alojamiento y trabajo, y atención a las necesidades básicas de las personas migradas en nuestro municipio, se ha conseguido reducir el número de inmigrantes ubicados en estos precarios asentamientos de unas 1.500 el pasado año a poco más de 400 en la actualidad”.

Por su parte, el director general de Políticas Migratorias destacó la necesidad de abordar la situación de estos asentamientos vinculados a las explotaciones agrícolas mediante una "estrategia conjunta de las tres administraciones y la colaboración de todos los sectores implicados”, insistiendo en que “se trata de un problema acumulado durante muchos años que hemos de intentar solucionar a través de una intervención sobre este colectivo que debe aunar una acción social y pedagógica sobre los residentes en estos asentamientos, y una búsqueda de alternativas que permita a todas estas personas disponer de una vivienda digna”.

Vargas añadió que “es necesario por una lado fomentar la consolidación de alojamientos adecuados en las propias fincas agrícolas, y por otro facilitar el acceso a viviendas de alquiler, dando siempre tranquilidad a los arrendadores con garantías de que percibirán sus rentas, y realizar además un seguimiento cercano de estas personas para lograr una integración cada vez mayor en nuestra sociedad”.

IRPF destinado a la atención de inmigrantes

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva han recordado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  ha destinado en los últimos cuatro años 1,49 millones de euros a la financiación de proyectos específicos de atención a inmigrantes desarrollados por cinco ONG, fondos con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013, 2014 y 2015.

La última aportación de estos fondos a proyectos de atención de los inmigrantes, correspondientes al IRPF de 2015, asciende a 403.312 euros.

Gracias a estas ayudas, ha señalado la Subdelegación del Gobierno, Cruz Roja Española, la Fundación Cepaim, Huelva Acoge, la Asociación Comisión Católica Española de Migración y Fecons han podido desarrollar en estos últimos cuatros años una serie de programas de actuación para atender a la población inmigrante en la provincia de Huelva.

Entre otras iniciativas, Cruz Roja lleva a cabo un programa de acogida integral a inmigrantes y otro de atención a personas vulnerables en asentamientos que suman, en estos cuatro años, una ayuda total del Gobierno, a través del IRPF, de 491.500 euros.

Por su parte, la Fundación Cepaim realiza diversas iniciativas dirigidas a facilitar la inserción sociolaboral de los inmigrantes, el acceso a viviendas y alojamientos a aquellos que viven en asentamientos o promover su inclusión activa. Además, también lleva a cabo un proyecto de sensibilización entre la población inmigrante contra la violencia doméstica de las mujeres. En total, la Fundación Cepaim ha recibido en estos cuatro años 505.186 euros.

Huelva Acoge también desarrolla un proyecto de acceso a la vivienda y alojamiento de inmigrantes asentados que ha recibido 266.000 euros del IRPF, mientras Fecons tiene un comedor social en el municipio de Lepe que ha contado con una ayuda de 222.000 euros en los tres últimos años.

Por último, la Asociación Comisión Católica Española de Migración recibió del IRPF de 2014 un total de 5.500 euros para el equipamiento y acondicionamiento de centros de acogida y atención a inmigrantes.

El subdelegado del Gobierno en funciones, Manuel Iglesias, ha valorado la “extraordinaria labor” que desarrollan estas ONG y ha resaltado “el ejemplo de solidaridad de todos los voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo en ayudar a los demás”.