La eliminación del Impuesto del Patrimonio beneficia a unos 600 onubenses adinerados

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, un nuevo decreto ley de medidas fiscales con el doble objetivo de ayudar a las familias a hacer frente a la elevada inflación y atraer nuevos contribuyentes e inversiones a Andalucía. El decreto ley, en este sentido, contempla modificaciones en la tributación que afectan al IRPF, al Impuesto Sobre el Patrimonio y al canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas, el conocido como el canon del agua, que el Gobierno andaluz, como anunció el presidente, Juanma Moreno, va a eliminar durante el año 2023.

Pero sin duda la medida estrella que ha provocado el mayor alborozo del Gobierno andaluz ha sido la práctica eliminación del Impuesto de Patrimonio a tenor de la propaganda con la que se ha recibido esta decisión entre las capas sociales más adineradas y los medios que controlan.

El asunto no tendrá apenas impacto en Huelva pues de los casi 20.000 beneficiarios de esta medida del Gobierno de Juanma Moreno que se podrán acoger a ella en Andalucía apenas 600 residen en Huelva.

Y eso con datos de Gestha del año 2011, cuando aun se vivía la resaca del boom de la década feliz de los 2000 a 2010. Entonces pagaban por este impuesto (sin ningún tipo de bonificación) unos 3 millones de euros.

Los más ricos de Huelva

En esos años, unos 300 ciudadanos poseían fondos de entre 700.000 y un millón de euros, y casi la otra mitad entre uno y dos millones y medio. Solo medio centenar de personas tenían bienes por valor de 2,5 y 5 millones de euros; y poco más de una docena poseían entre 5 y 10 millones de euros. Los diez más ricos de Huelva tenían un patrimonio superior a 10 millones de euros.

Las cuotas medias que se pagaban en Huelva estaban comprendidas entonces entre los casi 600 euros que tendrían que abonar las personas con un patrimonio entre 700.000 y un millón de euros, hasta cerca de 100.000 euros que sería lo que el impuesto implicaría de cobro a los contribuyentes que superan los 10 millones de euros.

El decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno contempla ahora la supresión en la práctica del Impuesto sobre el Patrimonio mediante la bonificación del 100% de la cuota. Al tratarse de un impuesto cedido, sólo el Gobierno central tiene la potestad de suprimirlo.

El objetivo de esta medida, según la Junta, es atraer a nuevos contribuyentes hacia Andalucía y que esta comunidad autónoma se convierta en la residencia fiscal de un mayor número de contribuyentes. Muchos de ellos ya viven en Andalucía, dice la Junta, pero no tienen aquí su residencia fiscal. Si la tuvieran, estarían obligados a tributar por el conjunto de sus bienes en todo el mundo y el equipo de Moreno espera que fluya su dinero por las tuberías de la Junta andaluza.

El Impuesto sobre el Patrimonio representa apenas un 0,6% de los ingresos tributarios de la comunidad. La bajada recaudatoria por la supresión del Impuesto de Patrimonio se puede paliar con el incremento de contribuyentes previstos en IRPF, como ya ocurrió cuando se bonificó el 100% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los parientes de los grupos I y II. Sobrinos, hermanos y tíos lo siguen pagando.

Andalucía multiplicó por cuatro en el IRPF la cantidad que se dejó de recaudar por la supresión de este impuesto, según asegura el Gobierno de Moreno.

El Impuesto sobre el Patrimonio está considerado una anomalía en países avanzados, recuerda la Junta. En el ámbito de la OCDE, además de en España, sólo pervive en Noruega y Suiza. El hecho de que no exista en nuestro entorno inmediato, incluida la comunidad de Madrid, ha hecho que el Impuesto sobre el Patrimonio se comporte con un freno a la hora de que potenciales contribuyentes instalen su residencia fiscal en Andalucía. Así justifica el Gobierno andaluz su decisión.

Quién lo paga en Andalucía

Grava a las personas físicas con un patrimonio muy por encima de la media. Se suman todos los bienes y derechos de la persona afectada, restando 300.000 euros en el caso de la vivienda habitual. Luego se restarán las deudas para obtener el patrimonio neto. Una vez hecho esto se restará a este patrimonio el mínimo exento, que es de 700.000 euros. Y sobre esta base liquidable se efectuará el cálculo del impuesto a pagar, que va por tramos (desde el 0,2% hasta el 3,5%). Por último se aplican deducciones, reducciones y bonificaciones y sale la cuota íntegra a ingresar".

En este sentido, la deflactación de los primeros tramos del IRPF tendrá dos consecuencias directas. La primera, que los contribuyentes con rentas más bajas van a seguir tributando dentro del mismo tramo, aunque su salario aumente, si es que aumenta; y la segunda, que todos aquellos contribuyentes que no vean incrementado su salario, con independencia de su nivel de ingresos, tributen según un tipo medio efectivo más bajo que hasta ahora.

También se amplían en la misma proporción (4,3%) los mínimos personales y familiares por los que no se tributa en el IRPF, ya que esa parte de la renta, destinada a atender las necesidades básicas de los contribuyentes y sus familias, está aumentando a consecuencia de la inflación. El Gobierno andaluz considera necesario aumentar estos mínimos exentos de tributación, para no contribuir al empobrecimiento de la población.

Supresión canon del agua

La suspensión del canon del agua va a suponer, sólo durante el año 2023, un ahorro global estimado de 140 millones de euros para las familias y las empresas.

Esta medida no va a afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha e incluso se podrán licitar nuevas actuaciones, gracias al remanente de recaudación de 551 millones generado durante las legislaturas anteriores a la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en las que los ejecutivos precedentes no invirtieron las cantidades recaudadas por este concepto.