viernes. 29.03.2024
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La 'amnistía' al regadío ilegal en Doñana amenaza el negocio agrícola de Huelva en Europa

La Confederación del Guadalquivir avisa que se “pone en el disparadero internacional, europeo y nacional a Doñana y los productos agrícolas de su entorno, con mercados tan sensibles en cuanto a la sostenibilidad y su  trazabilidad ambiental".
La 'amnistía' al regadío ilegal en Doñana amenaza el negocio agrícola de Huelva en Europa

Lo único que le faltaba a la agricultura del entorno de Doñana era que en Europa se hable de 'amnistiar' y 'perdonar' los excesos cometidos durante décadas de extracciones de agua irregulares que han llevado al Parque de Doñana a una situación extrema. Son mercados muy sensibles a las prácticas laborales abusivas, a la agricultura sostenible y a la trazabilidad sanitaria de los productos que se venden en los mercados europeos, primer consumidor de la producción del campo onubense. Y donde este tipo de ruidos se pueden acabar pagando con los recortes en las compras de productos agrícolas Made In Huelva.

Hay millones de euros en juego y la viabilidad de muchas explotaciones agrarias.

Por eso la nueva iniciativa de PP, Cs y VOX que quiere “rectificar” el Plan de la Corona Norte que aprobó el anterior gobierno socialista en la Junta de Andalucía que “impedía a los agricultores la posibilidad de regar sus campos como históricamente habían hecho”, a juicio del PP, ha levantado tanta polémica en la Unión Europea, no solo en en Huelva.

Manuel Andrés González, presidente del PP de Huelva, afirma que con la revisión de la Corona Norte propuesta por el PP “no se pretende una amnistía, sino devolver a los agricultores el derecho que tuvieron durante décadas y que vieron suprimido con el Plan aprobado por el PSOE”.

La polémica está servida

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joaquín Páez, ha calificado hoy de “carente de armazón y seguridad jurídica” las proposiciones presentadas en el Parlamento por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX para la regularización de 1.400 hectáreas fuera de suelo agrícola regable (SAR), recogidas como tal en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado por la Junta de Andalucía en 2014.

En este sentido, Páez recuerda que cualquier modificación o revisión del Plan debe tramitarse conforme a la legislación y contar con los mismos trámites que fueron necesarios para su aprobación. De ahí que advierta que el mecanismo elegido por estos grupos carece de rigor y obedece más a una improvisación en busca de generar expectativas en el sector agrícola, que a una propuesta seria y a un proyecto definido. “Sería bueno que se explicara a los agricultores cómo van a resolverse los escollos administrativos y legales que una modificación de este calado va a generar en Andalucía, España y en Europa”, ha sentenciado Joaquín Páez.

Ante la falta de seguridad, futuro y garantía que ofrece el mecanismo elegido por el Grupo Popular, Ciudadanos y VOX para la sustancial modificación que plantean, el presidente de la Confederación invita al Gobierno andaluz a dar cabida a todas las administraciones, organizaciones y estamentos implicados, con la posibilidad de transparencia y participación pública, con todas las garantías administrativas y jurídicas estudiadas y establecidas, con la posibilidad de discusión, de mejora en la tramitación y, por tanto, de seguridad para el sector agrícola y de salvaguarda ambiental de Doñana.

“Estas proposiciones nos generan dudas e inseguridad con respecto al cumplimiento de la ley del Trasvase a la que alude, frente al Plan Hidrológico del Guadalquivir, la Directiva Hábitat Europea, la Directiva Marco de Agua (DMA), ante la sentencia de los tribunales de la Unión Europea, el informe de la UNESCO sobre Doñana, e incluso frente a la reglamentación del propio Plan de la Corona”.

En este contexto, Páez ha lamentado la falta de lealtad institucional que plantea el objeto de las proposiciones frente al resto de administraciones y organismos implicados en la gestión de Doñana y su entorno, entre los que figuran el Instituto Geológico Minero de España (IGME), el Consejo de participación de Doñana, la Comisión de Seguimiento del Plan de la Corona, y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entre otros. “Sí bien es cierto que el Plan de la Corona no otorga derechos para el riego, también parece coherente que antes de declarar un suelo agrícola como regable y generar expectativas en el sector, se constate que hay disponibilidad del recurso con los organismos competentes”, ha manifestado.

En la misma línea, el presidente del Organismo de cuenca ha expuesto la descoordinación y ausencia de coherencia de los partidos que presentan estas proposiciones y del propio Gobierno andaluz con esta administración ya que “ni durante los 6 meses de exposición pública del Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) ni en los 6 meses posteriores de consulta del borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG), la Consejería, el PP, VOX o Ciudadanos han hecho a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni una sola consideración ni mención a los cambios que querían introducir, conociendo perfectamente que para el establecimiento de nuevas hectáreas de cultivo es imprescindible la asignación del recurso, de lo que la CHG es la administración competente”.

En opinión del presidente del Organismo de cuenca, “poner en el disparadero internacional, europeo y nacional a Doñana y los productos agrícolas de su entorno, con mercados tan sensibles en cuanto a la sostenibilidad y su  trazabilidad ambiental, nos parece una temeridad y tirar por la borda el buen trabajo y esfuerzo para dotar de credibilidad a los productos de la marca Doñana”. “Creemos que la agricultura del Condado y el Espacio Natural de Doñana se merecen más seriedad, más trabajo, menos contradicciones, y más explicaciones que hablen de realidades y de seguridad. No se pueden generar expectativas de riego sin recurso y sin la seguridad de que las proposiciones tienen encaje jurídico y administrativo”.

“Sabemos que en la medida en que a Doñana y su marca le vaya bien, a la agricultura de su entorno también le irá bien. Para ello, las iniciativas que se tomen tienen que ser más serias, más rigurosas y menos oportunistas”, ha sentenciado.

A las críticas de la Confederación se ha unido WWF. La organización ha denunciado ante Unesco la proposición de ley ideada por el PP andaluz y que a su juicio “busca amnistiar 1.460 hectáreas de regadío irregulares en Doñana”. Esta propuesta de ley del PP de Andalucía incumple una de las recomendaciones centrales de la Unesco -propuestas el pasado verano- de implementar de forma urgente el conocido como “Plan de la Fresa”, en su forma actual tal y como que se adoptó en 2014, para intentar solucionar el problema del crecimiento caótico de la superficie regada sin permiso.

Ante ello, WWF ha solicitado a este organismo internacional que intervenga urgentemente para evitar la inminente modificación de este Plan.