El limbo legal de las casas de campo desploma su precio a la mitad
El limbo legal en el que se encuentran la mayor parte de las casas en el campo ha desplomado sus precios en la provincia de Huelva en más de un 50%. En este escenario, vender una casa es prácticamente una quimera, lamentan los agentes inmobiliarios que ven cómo las restricciones administrativas disuaden a los potenciales compradores.
Desde que en 2008 la crisis del ladrillo tocase techo, el precio de las casas en suelo rústico no ha dejado de descender. Durante un tiempo fue un objeto de inversión por parte de quienes tenían un coqueto terreno en el campo y se aventuraban a construir, alentados por la falsa posibilidad de legalizar la construcción a posteriori.
Rafael Padilla, abogado especialista en el asesoramiento inmobiliario habla abiertamente de la dificultad de poder vender estos inmuebles porque los clientes buscan una seguridad jurídica que los vendedores no pueden garantizarle.
Durante el inicio del siglo XXI se produjo un autentico boom de la construcción durante la cual las personas que deseaban vivir en contacto con la naturaleza optaron por dar el paso convencidos que, además, representaba una buena opción a futuro por la continua escalada de precios de las inversiones inmobiliarias.
No obstante, Padilla afirma que mal asesoradas, "muchas personas desconocía o desafiaban la normativa y las dificultades para darle un uso residencial a estos inmuebles". Al amparo de este desconocimiento y una administración autonómica y local que miraban para otro lado, florecieron en el suelo rústico un gran número de viviendas diseminadas sin orden ni concierto pero al amparo de la anarquía en los ayuntamientos a la hora de hacer efectivas las normas urbanísticas.
Para no demoler todos estos inmuebles de carácter residencial, la administración autonómica creo en 2012 Ley de Asimilación a Fuera de Ordenación (AFO) que permitía ‘salvar’ la orden de derribo que pesaba sobre las viviendas construidas en suelo no urbanizadle y que se encontrasen fuera de ordenación en el termino municipal. Era un salvoconducto, además, para enjugar la ilícita gestión de muchos alcaldes y arquitectos municipales que hicieron dejación de sus funciones permitiendo que proliferaran estas casas en suelo rústico.
Sin embargo, quienes han podido acogerse a este decreto y salvar sus inmuebles de la demolición, han quedado sujetos a numerosas restricciones que hacen que, según Padilla, sus propietarios “únicamente puedan hacer obras de mantenimiento”. Para el resto, “todo son restricciones”.
En consecuencia, las casas en el campo que no tienen todos sus papeles en regla en el campo han perdido la mayor parte de su valor.
Padilla indica que a las casas en el campo no se les puede dar un uso residencial. Los poderes públicos son los primeros interesados en que no fructifique un desarrollo incontrolado y poco uniforme, porque esos vecinos “luego demandan servicios como agua potable, alcantarillado, luz… que, en la mayoría de los casos, las administraciones no pueden proveer.
Un Decreto Ley que no salvó de la guillotina a muchas viviendas
En 2019 el nuevo Gobierno de Andalucía (PP y Ciudadanos) impulsaron un Decreto de Regulación de Viviendas que beneficiaba a 327.000 propietarios que tenían alguna de estas edificaciones en un limbo jurídico. Pero no todo era la panacea. En Huelva se produce una singularidad, el decreto que auspició la Junta de Andalucía, que representaba de facto una amnistía que salvaba del derribo a las casas, no amparaba aquellas construcciones asentadas en terrenos protegidos o levantadas a menos de cien metros de la costa, en márgenes de ríos o zonas inundables.
Del censo de 32.000 viviendas ilegales en el campo en la provincia de Huelva, 9.000 se encontraban en la Sierra de Aracena, 7.000 en el Andévalo, 3.509 en la Costa Occidental, 4.506 en el entorno de Huelva capital y más de 8.000 en el área de influencia de la zona marismeña del Condado.
Sin embargo, muchas de ellas no pudieron ni siquiera regularizarse al encontrarse levantadas en zonas protegidas: parque naturales (Sierra de Aracena, Marismas del Odiel, Doñana, Rivera del Aserrador…
Sólo una salvedad para construir casas y vivir en el campo
En la actualidad está prohibida cualquier tipo de construcción de viviendas nuevas en suelo no urbanizable, con la salvedad de aquellos inmuebles unifamiliares ligadas al funcionamiento de una explotación agropecuaria, forestal o cinegética. Además, Rafael Padilla detalla que, además, se ha de acreditar perfectamente que la actividad económica reporta beneficios y está en activo. Unos requisitos que exige la administración para evitar la picaresca.
