La ‘amnistía’ de viviendas ilegales no se aplicará en zonas inundables y parques naturales de Huelva

El Decreto de Regularización de Viviendas ‘ilegales’ en Andalucía aprobado por el Gobierno andaluz (Partido Popular y Ciudadanos) ha sido recibido como una especie de ‘Gordo’ de Navidad por nada menos que 327.000 propietarios que hasta ahora tenían sus edificaciones en un limbo jurídico.

Pero tiene letra pequeña, como todo en política. Una cosa es lo que se anuncia y otra lo que será posible hacer y cuánto se tardará en hacerlo. Porque, de momento, y esto es un hecho, el Decreto lo que hace es quitar el miedo a multas y demoliciones.

Ante el entusiasmo general que ha levantado el Decreto, la misma Junta de Andalucía ya ha advertido que el Decreto "no podrá amparar a aquellas casas que se hayan construido en terrenos protegidos u otras levantadas a cien metros de la Costa, en márgenes de ríos o zonas inundables”. “Esto no es una amnistía de viviendas irregulares, seguirá la actuación inspectora y sancionadora, han advertido los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo, y Fomento, Marifrán Carazo.

Está todo dicho en esa frase.

En Andalucía se le han puesto cifras al número de viviendas. Y en Huelva se han apuntado de oficio al listado más de 9.000 en la Sierra de Aracena, 7.000 en el Andévalo, 3.509 en la Costa Occidental, 4.506 en el entorno de Huelva capital y más de 8.000 en el área de influencia de la zona marismeña, Condado y Aljarafe. Nada más y nada menos que 32.000 ‘legalizaciones’ se podrían realizar en Huelva.

Lo que ocurre es que muchas de estas viviendas se han asentado y construido en zonas protegidas: parques naturales (Sierra de Aracena, Marismas del Odiel, Doñana, Rivera del Aserrador…) lo que en principio las deja sin derecho a esta amnistía urbanística.

Y no son pocos casos en Huelva. Cientos de edificaciones en el Parque de la Sierra de Aracena están pendientes de sanciones, recursos y burocracia jurídica o sancionadora. Sin olvidar El Calabacino, en Alájar, en proceso de juicio.

De la misma manera en el área de Doñana hay otros cientos de casas en zonas como El Porretal de Almonte sometidas a vigilancia urbanística y notarial. Por no hablar de las miles que están catalogadas en zonas inundables de Huelva o las que se han levantado en la costa al calor de la no vigilancia urbanística municipal y de normas subsidiarias abusivas.  y sin PGOU o con estos planeamientos bajo la lupa judicial.

Si se suman todas ellas, las viviendas ‘amnistiadas’ en Huelva serán muchas menos de esas 32.000 que el bombo de la lotería política ha anunciado.

La normativa urbanística en Andalucía prohíbe la construcción de viviendas nuevas en suelo no urbanizable salvo que sean unifamiliares y “necesarias” para el funcionamiento de una explotación agropecuaria, forestal o cinegética.

Hasta ahora la normativa andaluza acarrea que el uso residencial en suelo rústico está prácticamente prohibido.

De hecho, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía aprobada en 2002 sigue en vigor, con todo su pesado articulado. Esta norma trataba de evitar la especulación sobre todo en zonas costeras o de gran valor turístico.

Ese Decreto 2/2012 que aprobó la Junta de Andalucía aclaraba que no podía actuarse contra algunas viviendas por haber expirado el plazo para hacerlo, por ser anteriores a la LOUA o bien por proceder de infracciones ya prescritas. Estas situaciones se denominan Asimilado Fuera de Ordenación", abreviadamente AFO.

Ahora los propietarios tendrán que dar el primer paso y pedir a los ayuntamientos acogerse a esta regulación. La nueva norma permite regularizar asentamientos o de agrupaciones de viviendas. Como ha ocurrido en decenas de municipios onubenses que han dejado construir en los entornos de los lugares de romería. Estos lugares sí se beneficiarán del Decreto.

El Decreto conlleva derogar dos leyes y otras normas antes aprobadas que afectan a la LOUA: 6/2016 de 1 de agosto; ley 2/2018 de 1 de agosto y decreto 2/2018 y orden 3/2013.

Está por ver la efectividad del Decreto más allá de ilusionar a 32.000 propietarios en Huelva o más de 300.000 en Andalucía.

Eso sí, se paralizan las demoliciones.