La Junta aprobará la AAU de la mina de Riotinto antes de ejecutar la sentencia del Supremo

La Junta de Andalucía tiene por delante una verdadera carrera contra el reloj antes de que la ejecución de la última providencia del Tribunal Supremo se traduzca en una clausura de la instalación minera de Riotinto por los errores cometidos en la tramitación de la Autorización Ambiental.

La delegada del Gobierno Andaluz en Huelva, Bella Verano, acaba de dar, en declaraciones a los medios de comunicación, algunas claves de lo que puede pasar con una mina que emplea a 400 trabajadores de forma directa y otros tantos de forma indirecta y que ha invertido ya 200 millones de euros en el proyecto de explotación y otros 85 en el de ampliación.

Verano asegura que el Gobierno andaluz ha dado toda la prioridad posible a solventar los problemas derivados de la anulación de la Autorización Ambiental y garantiza que el nuevo documento “se aprobará de forma inminente”. Según Verano, “con esta nueva AAU se conseguiría aprobar en cascada el resto de autorizaciones necesarias”.

Entre ellas una esencial para que la mina pueda funcionar: los permisos de actividad minera, que son los que el Tribunal Supremo acaba de dejar sin efecto en su última providencia y en un fallo anterior anuló también la Autorización Ambiental tramitada en su día sin garantizar el reglamentario proceso de información pública y periodo de presentación de alegaciones tal y como recogió primero el TSJA.

Esta es una de las claves de por qué se ha llegado a la situación actual: con una explotación minera y una empresa que cotiza en bolsa, Atalaya Mining (Atalaya Riotinto Minera) operando sin los permisos reglamentarios actualizados tras la cadena de sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo.

Bella Verano minimiza las cuatro sentencias del TSJA y el TS y asegura que “la empresa (Atalaya Riotinto Minera) no tendría ahora mismo ningún tipo de riesgo en su actividad, ya que la ejecución de la sentencia (que conlleva el cierre parcial de la instalación minera) tarda unos meses y la nueva Autorización Ambiental estará resuelta antes”.

Cabe recordar que el proyecto inicial de apertura de la mina fue sometido a un proceso de información pública en verano de 2012. Pero hubo un nuevo proyecto técnico adaptado a las prescripciones exigidas por la Consejería de Economía de la Junta, que entregó la empresa adjudicataria, Emed Tartessus, en 2014, y que incumplió la normativa.

Desde aquí todo ha ido mal y se ha generado un verdadero galimatías jurídico y empresarial avalado por las sentencias de los tribunales que le han dado la razón a Ecologistas, la parte que recurrió el proceso de AAU y permisos mineros de explotación.

Precisamente ese segundo dictamen ambiental fue notificado a los interesados personados en el expediente, (Ecologistas en Acción y otras organizaciones)  pero no siguió el obligado trámite de alegaciones.

Y el Tribunal advirtió en su día que esa documentación adicional era “indispensable para la tramitación del expediente“ ya que abordaba los suelos contaminados, la ampliación del estudio acústico, las escombreras mineras, la afección a la red Natura 2000 y otros condicionantes.

Y no es baladí esta opinión judicial. Porque la misma Junta de Andalucía acaba de tumbar el proyecto minero de la mina de wollastonita de Aroche basándose precisamente en la afección que una escombrera puede causar a un afluente del Chanza en aquella zona.

Y en el caso de la mina de Riotinto ha sido cuestionada la seguridad de las presas mineras de Gossan, Cobre y Aguzadera. Una instalación de residuos, lodos ácidos de mina altamente contaminantes, que pueden acabar filtrándose al Tintillo y de ahí al río Odiel si no se garantiza su sellado y estabilidad.

Aquella nueva documentación de impacto ambiental exigida por la misma Junta suponía nada menos que “la modificación del proyecto de explotación elaborado por la nueva dirección general de la compañía y apuntaba al tema más sensible desde el punto de vista ambiental: las balsas de estériles mineros”.

Por eso aquella primera sentencia del TSJA consideró que en este caso es de aplicación la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que "se ha impedido la participación pública en el examen de esa verificación y de toda la documentación esencial posterior" (incluidos los permisos de actividad).

La alcaldesa de Riotinto pide "tranquilidad"

En un comunicado, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz (PSOE), ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus vecinos. "El alarmismo social, como es lógico, se ha apoderado de todos los vecinos, sin embargo, insto a la prudencia ya que son meros trámites burocráticos los que han provocado esta situación", ha subrayado.

Desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, solicitan una pronta actuación de la Junta de Andalucía, y que los trámites y recuerda la alcaldesa que siempre han apoyado a la empresa minera, "motor económico de la comarca y el principal fuente de empleo de nuestro pueblo".