Dos educadores resultan heridos tras una agresión en el centro de menores de Huelva
CSIF reclama más seguridad y denuncia que la violencia se está convirtiendo en una situación habitual por la falta de recursos
El sindicato CSIF Huelva ha exigido medidas urgentes de seguridad en el Centro de Protección de Menores (CPM) Juan Ramón Jiménez de la capital onubense tras la agresión sufrida por dos educadores sociales durante la madrugada del pasado 4 de junio.
Según ha denunciado la organización sindical, un usuario del centro protagonizó un altercado que obligó a intervenir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que terminó con dos trabajadores de la Junta de Andalucía atendidos por los servicios sanitarios de urgencias. Además, durante los hechos se registraron diversos daños materiales en las instalaciones.
Desde CSIF aseguran que no se trata de un episodio aislado y alertan de que las situaciones de violencia física y verbal son recurrentes en este recurso de protección de menores. El sindicato sostiene que algunos de los usuarios implicados en incidentes de este tipo son reincidentes y considera que la falta de medios está contribuyendo a normalizar este tipo de comportamientos.
La central sindical señala además que el perfil de algunos menores atendidos no se corresponde con el de un centro residencial básico en régimen abierto, lo que genera situaciones de alta conflictividad que, a su juicio, el personal no puede gestionar con las actuales condiciones de seguridad.
Entre las carencias denunciadas figura la ausencia de vigilantes de seguridad y de sistemas de alerta rápida, como botones antipánico, al tratarse de un centro de protección en régimen abierto. Asimismo, CSIF advierte de que las bajas laborales y la falta de cobertura de personal provocan que en ocasiones algunos turnos se desarrollen con efectivos insuficientes o incluso con trabajadores solos.
El sindicato reclama la aplicación inmediata de medidas contempladas en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para garantizar la integridad física y psicológica de los profesionales. También solicita a la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad un refuerzo de personal, una revisión de los criterios de derivación de menores y una mejora de los recursos de seguridad.
CSIF insiste en que la situación afecta tanto a los trabajadores como a los propios menores residentes, ya que considera que la atención adecuada requiere un entorno seguro y estable. Por ello, reclama una respuesta urgente de la administración para evitar que episodios como el ocurrido vuelvan a repetirse.
