domingo. 19.10.2025
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Las ventas de patinetes eléctricos caen un 44 % en España y las nuevas normas endurecen su uso

El seguro obligatorio, la homologación técnica y las sanciones que entran en vigor en enero podrían frenar aún más el mercado en la provincia

Las ventas de patinetes eléctricos caen un 44 % en España y las nuevas normas endurecen su uso

El mercado del patinete eléctrico, que había vivido un crecimiento sostenido en Huelva y el resto de España, atraviesa un periodo de desaceleración. En 2024, las ventas en todo el país registraron un descenso del 44 % respecto al año anterior, y las nuevas normas que entrarán en vigor en enero de 2026 podrían limitar aún más la compra y el uso de estos vehículos.

A partir de esa fecha, todos los patinetes deberán contar con seguro de responsabilidad civil obligatorio y los modelos nuevos deberán disponer de un certificado de circulación que acredite su homologación técnica, garantizando frenos, luces, reflectantes y límites de velocidad entre 6 y 25 km/h. Los patinetes adquiridos antes del 22 de enero de 2024 podrán circular hasta enero de 2027 bajo la moratoria.

La normativa también endurece las sanciones para los usuarios, con multas que van desde 100 hasta 1.000 euros según la infracción:

  • Circular sin casco: 200 €
  • Circular por aceras o zonas peatonales: 200 €
  • Viajar con pasajero: 100 €
  • Uso de móvil o auriculares mientras se conduce: 200 €
  • Conducir bajo los efectos del alcohol: 500 a 1.000 €
  • Negarse a someterse al test de alcoholemia o drogas: 1.000 €
  • No llevar luces o chaleco reflectante por la noche: 200 €

Se estima que el mercado español de patinetes eléctricos superará los 103 millones de euros en 2025, pero la combinación de costes adicionales, nuevas obligaciones legales y sanciones más estrictas podría reducir la expansión del sector en Huelva, donde estos vehículos se habían consolidado como opción habitual para desplazamientos urbanos.

El endurecimiento normativo marca un cambio de escenario: el patinete eléctrico deberá adaptarse a un uso más regulado, con mayores requisitos de seguridad y responsabilidades legales, afectando tanto a usuarios como a fabricantes y distribuidores en la provincia.