viernes. 07.10.2022
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El fraude eléctrico castiga a los onubenses con una factura de 1,6 millones de euros

Con el amparo de la ley, las eléctricas aplican un dudoso y cuestionable recargo en nuestras facturas bajo la tasa “perdidas de red”, mediante la cual las compañías 'socializan' estas pérdidas que sufren por los enganches ilegales.
El fraude eléctrico castiga a los onubenses con una factura de 1,6 millones de euros

      La pandemia y el abrupto incremento del Indice de Precios al Consumo (IPC) ha provocado un “incesante crecimiento” de los enganches ilegales. Así lo denuncian las compañías que, no obstante, cargan estas pérdidas económicas en el bolsillo de los abonados que pagan religiosamente. Se estima que, groso modo, los onubenses han pagado sólo en el último año y por este concepto 1.650.000 euros. 

     Para atajar esta situación Policías y técnicos de Endesa han participado recientemente en Huelva en unas jornadas de intercambio de información sobre fraude eléctrico con la Policía. La compañía quiso hacer hincapié “las consecuencias negativas” que esta práctica delictiva conlleva. 

     El usuario legal es el que paga el ‘robo’ de la electricidad y no se trata de una cuestión baladí. Según la propia Endesa a nivel nacional los ciudadanos cargan sobre sus bolsillos un recargo de 150 millones de euros al año. 

     Y aquí radica la polémica. Con el amparo del ley, las eléctricas aplican un dudoso y cuestionable recargo en nuestras facturas bajo la tasa “perdidas de red”, mediante la cual las compañías 'socializan' estas pérdidas que sufren por los enganches ilegales. Dicho da manera simple: la luz que roba el vecino la paga el resto de clientes.

    Y para que no nos asustemos ni montemos en colera la cifra viene perfectamente camuflada en el álgebra de conceptos que componen la factura que nos hacen llegar mes a mes. 

      Más alla de ello, desde Endesa indican que esta manipulación ilegal de la red eléctrica está detrás de “molestos cortes de luz al resto de clientes que tienen sus instalaciones homologadas y legalizadas, ya que esta alteración en la red puede generar sobrecargas que afecten al sistema eléctrico e incluso provoquen incendios”.

     Durante la jornada con la Policía se ha destacado que estas instalaciones manipuladas no disponen de los preceptivos elementos de protección, tal y como está recogido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto, para preservar la seguridad de las personas y los bienes.

     Esta situación supone un grave peligro para sus vecinos, ya que carecen de protecciones frente a cortocircuitos, electrocuciones o incendios, que se podrían expandir más allá de las viviendas particulares a los bloques de pisos, generando un riesgo real de lesiones graves o incluso de muerte.

   Esta jornada formativa también tuvo una ronda de preguntas de los técnicos de Endesa y los policías nacionales donde también han intercambiado impresiones y experiencias a la ahora de afrontar esta problemática.

     Hay que agradecer a Endesa que hablen abiertamente de un tema que es tabú para muchas compañías homólogas. Este periódico ha tratado en reiteradas ocasiones de conocer la postura de compañías como CECSA Consultora Energética S.L que operan en el Condado y que no quiso pronunciarse sobre la cuestión. 

     La sanción económica por el fraude oscila entre los mil y los dos mil euros siempre y cuando no pueda concretarse de manera fehaciente la cuantía. En estos casos la legislación determina que “la multa será del 100%  de la potencia contratada durante seis horas al día en el último año”. 

     Además, la compañía podría cancelarte el suministro y tener que volver a solicitar el enganche. 

     Sin embargo, a tenor de los hechos o por necesidad el fraude sigue creciendo. 

 

El fraude eléctrico castiga a los onubenses con una factura de 1,6 millones de euros