Santa Olalla se une al recurso contra la reforma local del Gobierno
Se ha aprobado en el pleno con los votos de IU y PSOE. El PP votó en contra.
El pleno del Ayuntamiento de Santa Olalla, en sesión plenaria ha acordado con los votos a favor de los seis concejales de IU y PSOE y los únicos votos en contra de cuatro concejales del PP, sumarse al resto de municipios de España e iniciar la tramitación del conflicto en defensa de la autonomía local de los ayuntamientos. Esta iniciativa está siendo apoyada durante estos días por todas las fuerzas políticas del país, excepto el PP y el PNV. No es la primera vez que se presenta una Ley al Tribunal Constitucional, pero sí será esta la primera vez que lo hagan conjuntamente más de 3.000 ayuntamientos y que representarán a más de 15 millones de ciudadanos, el mínimo de ayuntamientos que se necesitan para plantear este recurso son 1160, por lo que se superará el mínimo exigido por la ley para este tipo de conflictos.
El alcalde de la localidad serrana, José Mª Vallejo, defendió y justificó durante su intervención que son precisamente los ciudadanos de municipios como Santa Olalla y todos aquellos con menos de 20.000 habitantes quienes saldremos perjudicados con esta nueva Ley, “esta ley ni es sostenible, ni es racional y mucho menos constitucional”,- añadió el Alcalde. Según los portavoces de los grupos IU y PSOE se trata de un desapoderamiento de los Ayuntamientos constitucionales y se pretende que muchos de los servicios que se están prestando a los vecinos, como son los servicios sociales, se privaticen por las Diputaciones. Además en la citada ley se concreta que las Diputaciones podrán coordinar y organizar quitando competencias propias de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, en cambio estos costes tendrán que ser asumidos por los ayuntamientos, si bien las decisiones municipales se tomarían en la Diputación. Esta Ley pretende privatizar servicios públicos y que los vecinos se conviertan en clientes, según los concejales del equipo de gobierno. Otra de las cuestiones que se plantean en esta ley, es el hecho de que los presupuestos municipales, planes de ajuste y decisiones financieras relevantes para los vecinos puedan ser acordados por las juntas de gobierno locales, perjudicando en este caso incluso a los partidos de la oposición en los ayuntamientos.
