Los puntos negros de la depuración de aguas residuales: La Antilla, El Rompido, Mazagón y Matalascañas

Un año más, Ecologistas en Acción presenta un amplio informe relativo al saneamiento y depuración en Andalucía basado en los datos de la Administración hidráulica sobre las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) de más de 2.000 habitantes-equivalentes del año 2023.

El informe también analiza la evolución en los últimos 11 años, con el objeto de evaluar el cumplimiento de la normativa estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Las depuradoras analizadas apenas suponen el 40% del total construidas, según el último Informe de Medio Ambiente de Andalucía que sitúa la cifra total de EDAR en 690 más 78 en fase de construcción.

Las conclusiones finales revelan, después de analizar 305 aglomeraciones urbanas en las ocho provincias andaluzas, que en 2023 ha vuelto a subir el porcentaje de las que cumplen la normativa, situándose en algo más de 68,5%, un punto porcentual mejor que el año anterior.

Este dato se sustenta en el fuerte incremento de la provincia de Jaén, que ha mejorado en más de 15 puntos porcentuales respecto al año anterior. Aun así, lo destacable es el hecho de que más de la mitad de las provincias empeoren respecto a 2022. Solo mejoran las provincias de Cádiz, Sevilla y la referida Jaén, aunque de forma global siga habiendo un tercio de las depuradoras analizadas que incumplen la norma.

Es a nivel provincial donde se reflejan mejor las diferencias con respecto al año anterior, mientras que Córdoba sigue siendo la provincia con mejores datos de cumplimiento con algo más de 84%, Málaga no llega al 48%.

Aunque Huelva es la tercera provincia con mejores datos, destacamos como importante lo que ocurre con la ausencia de muestras analíticas de la EDAR La Antilla, ya que afecta a los principales núcleos de población de la Costa Occidental de Huelva. Este dato, unido al mal funcionamiento de las depuradoras de Matalascañas, Mazagón y El Rompido, supone en la práctica que, durante el periodo veraniego, estos emisarios vierten sin cumplir la legalidad vigente, lo que es realmente preocupante porque las poblaciones afectadas en verano acogen a una población superior al resto de la provincia, asegura el informe de Ecologistas.

Con respecto a la evaluación de los últimos 11 años, con una media de 307 depuradoras analizadas, se ve claramente que solo Córdoba se ha mantenido en porcentajes que rondan el 84% de media. Por el contrario, la provincia de Sevilla inició una mejora significativa desde 2018, que, aunque se vio frenada en 2022, este año ha vuelto a mejorar. Si en 2013 el grado de conformidad era del 84%, en 2018 no llegó al 59%. En el último año se sitúa en el 75,5%.

En cuanto al balance de ingresos y gastos, la web de la Consejería sigue sin tener actualizados los ingresos totales del canon, debido principalmente a la decisión política de la supresión temporal de este gravamen en todo el año 2023 con la excusa de los efectos derivados de la inflación y la guerra de Ucrania.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos anunció, a finales del pasado año, que el canon de mejora volvería a estar vigente a partir de este año 2024, en el que se prevé recaudar en torno a los 140 millones de euros. Es decir, en el recibo del agua se vuelve a grabar con un euro la cuota fija y un importe variable en función del consumo.

En los 5 últimos años se ha acelerado de forma notable las infraestructuras pendientes que se declararon de interés autonómico en 2010, lo que debe afectar -cuando funcionen a pleno rendimiento- al cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas receptoras del efluente depurado. Si en 2018 había más de un 42% de actuaciones sin iniciar, ahora mismo todas las obras están en marcha, bien finalizadas, en ejecución, licitadas, en tramitación, anuladas o simplemente se han estimado como no necesarias.

Ecologistas en Acción seguirá exigiendo a las Administraciones responsables (Local, Autonómica y Estatal) la ejecución de las actuaciones pendientes y que aceleren los procedimientos administrativos necesarios y no escatimen los ingresos del canon para su ejecución. Andalucía y España tienen un serio problema en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, motivo por el que nuestro país tiene abiertos varios procedimientos de infracción, de los que dos acabaron en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Actualmente la mayor multa que pagamos a Europa corresponde al incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Nuestro país ya ha abonado cerca de 90 millones de euros, teniendo pendiente dos juicios más. Esta cifra seguirá incrementándose porque siguen pendientes actuaciones como las depuradoras de Matalascañas, Barbate o Alhaurín el Grande.

 Ecologistas en Acción viene advirtiendo desde hace varios años del problema existente en Andalucía, no solo de localidades que siguen sin tratar adecuadamente sus aguas residuales y cuyo incumplimiento nos seguirá costando centenares de miles de euros en multas, sino que la situación de las que están funcionando es también muy preocupante como concluimos en este Informe.

Por ello, reclamamos a los Entes Locales -en función de los recogido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local-, que asuman las competencias en materia de tratamiento de aguas residuales. Que faciliten los terrenos para ubicar la depuradora, expropiando si es menester, agilizando permisos y, sobre todo, asumiendo con posterioridad las operaciones de mantenimiento de las mismas, el verdadero problema para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de aguas residuales urbanas.

"Es de urgente necesidad que las Administraciones competentes se marquen el vertido 0 como primer y único objetivo a corto y medio plazo. La salud de las personas y el medio ambiente no admiten más retrasos", concluye el informe de Ecologistas.