El polémico decreto de escolarización que tiene en pie de guerra a la comunidad educativa
Huelva se sumará a la huelga de la enseñanza convocada para el 4 de marzo a nivel andaluz para protestar por el recién aprobado Decreto de Escolarización, que favorece la matriculación en los colegios concertados. El punto más controvertido, el que tiene en pie de guerra a buena parte de la comunidad educativa, es el 9.4. El decreto establece que “las áreas de influencia se configurarán de forma que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro público y otro concertado”, es decir, como apuntó el consejero de Educación, Javier Imbroda, “la posibilidad de que los padres puedan optar a un colegio concertado aunque no lo tengan en su zona”. O sea, los centros concertados amplían sus zonas de influencia para que puedan matricularse alumnos que hasta ahora no podían por criterios de proximidad.
Este mismo lunes ha comenzado el plazo para la presentación de solicitudes de admisión en los 233 centros entre públicos y concertados para las enseñanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, para el curso 2020-2021, y que oferta 94.305 plazas públicas y concertadas.
La Junta asegura que en Huelva el decreto solo producirá tres cambios en la provincia, los tres se centran en la capital y en tres zonas de influencia concretas como la relativa al colegio Juan Luis Vives (centro concertado desde Infantil a Secundaria) que antes abarcaba a la zona 2 de escolarización y ahora pasa a la zona 1 y 2; mientras que para la educación en Bachillerato el Sagrado Corazón de Jesús pasa de la zona 1 a incluir también a la 2 y el SAFA Funcadia pasa de la cuatro a agregar también a la zona 3.
Mientras la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada apelan a que se amplía la libertad de elección de las familias, sindicatos y AMPAS lo consideran "un ataque frontal a la enseñanza pública".
La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Huelva, Marisa Fernández, rechaza el Decreto de Escolarización porque afectará a la educación pública y a determinados colegios concertados, como el Virgen de Belén o la Ciudad de los Niños, que pueden sufrir despoblación.
Para Fernández, el decreto "abre la línea a poder elegir centros privados, lo que hará que muchos centros públicos sufran despoblación y en consecuencia se perderán empleos públicos porque habrá interinos que dejarán de ser contratados".
Aunque le parece una buena medida que los nuevos criterios de baremación para obtener plaza puntúen a los alumnos con discapacidad - 4 puntos para un 66% de discapacidad y 3 puntos del 33 al 66% de discapacidad- Fernández critica que los trastornos de aprendizaje hayan dejado de puntuar mientras que antes estaban valorados con 2 puntos.
Isabel López, responsable de organización de Ustea Huelva y presidenta de la junta de personal docente, rechaza de plano el decreto aprobado por la Junta porque "va a dar de lleno en la línea de flotación de la escuela pública. La escuela concertada es subsidiaria de la escuela pública, la idea debería ser aumentar las aulas de la pública en vez de las concertadas".
Según López, "al ampliar las zonas para escoger colegios concertados, las familias pueden decantarse por estos, con lo que se ampliarían las unidades en la concertada en detrimento de las públicas. No se trata solo del derecho de las familias a escoger centro porque estamos hablando de dinero público y la escuela pública es una medida de justicia social".
Sebastián Limón, representante de Ustea en los consejos docentes provincial y municipal, ve un sinsentido que "con dinero público se vaya contra la enseñanza pública". Añade que los centros concertados "pueden discriminar en la admisión a ciertos alumnos. En los centros públicos se admiten alumnos bajo cualquier circunstancia social, económica o de discapacidad, pero en los privados y concertados pueden negarse a hacerlo, no claramente pero sí veladamente".
Por su parte, CSIF señala que el decreto se ha realizado sin contar con el sentir de la comunidad educativa y se considera “un ataque en toda regla a la enseñanza pública. Defendemos que se mantenga el statu quo en las zonas de escolarización y no se vea atacado, una vez más, el sistema público educativo”. CSIF que ha exigido igualmente que no se proceda al cierre de ninguna unidad en centros públicos.
La huelga educativa ha sido convocada por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública constituida por los sindicatos UGT, CGT, CCOO y Ustea, la Confederación de Asociaciones de padres y madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes (FdE). En las últimas horas han sumado también otros sindicatos como ANPE y CSIF comoy partidos políticos como el PSOE, Adelante Andalucía o el Partido Comunista al entender que "tendrá consecuencias nefastas para la educación pública" y que "no se trata de una medida aislada” sino que “se enmarca en un contexto de aumento de la financiación a la concertada".
"Lejos de apostar por una bajada de la ratio, de regular las necesidades educativas especiales o de apostar por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública en un contexto de descenso de la natalidad, la Consejería de Educación ha aprobado unilateralmente una normativa que supone un ataque sin precedentes a la escuela pública", señala Codapa.
Este problema no es más que la "punta del iceberg" de un decreto "puramente ideológico" que nace de un problema inexistente, ya que como admitió el propio consejero de Educación, Javier Imbroda, el 93% de las familias andaluzas puede escoger en primera opción el colegio que quiere.
