PP, Cs y VOX agitan el avispero agrícola de Doñana con el altavoz del Parlamento

Tremendo el ruido y la polvareda que han levantado PP, Ciudadanos y VOX con su iniciativa parlamentaria para, según unos, 'amnistiar' los regadíos 'ilegales' del entorno de Doñana, y, para otros, "acarrear" el agua que falta y escasea para regar miles de hectáreas. El problema es que estas hectáreas buscan hoy el agua en las entrañas del Parque Nacional de Doñana, la joya europea que la Unión quiere conservar y que ha convertido en santo y seña de la biodiversidad de todo un continente.

Lo curioso del caso es que en la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz no hay ningún parlamentario onubense titular nominado aunque el procedimiento, como ha sucedido, permite a los distintos grupos intercambiar actores parlamentarios para el debate. Una anécdota, sí, pero eso pasa en una provincia, Huelva, donde el ambiente por la falta de infraestructuras anda viciado desde hace tiempo.

El Parlamento programó 21 comparecencias  con la proposición de Ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), promovida por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox y alentada desde los aledaños del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El ruido y la polvareda ha llegado en forma de amenaza comercial desde las grandes cadenas de supermercados europeos, que están dispuestos a replantearse sus compras de productos agrícolas onubenses si se sigue adelante con la desecación de Doñana y no se pone veto al abuso hídrico. Y también ha agitado a la ciencia y a los científicos, que han firmado un extenso documento en el que advierten de las consecuencias de agitar desde la Cámara andaluza la idea de 'legalizar' hectáreas ilegales.

Tanta gente está convocada que aun faltan interlocutores. Ayuntamientos: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana, Plataforma de los regadíos del Condado de Huelva, organizaciones agrarias como UPA y Asaja, y las del presidente del Consejo Participación del Espacio Natural de Doñana, Miguel Delibes de Castro;  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Comunidad de Regantes Condado de Huelva o Asociación de Agricultores Puerta de Doñana. Y para la sesión de tarde, Freshuelva, la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), la Diputación Provincial de Huelva, Comunidad de Regantes El Fresno y los sindicatos UGT-A y CCOO-A, y WWF.

De todas las intervenciones sonaba con fuerza la de un gran conocedor de la problemática de Doñana: el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, Miguel Delibes de Castro. Tiene claro Delibes que la ruidosa iniciativa es "muy desleal" con el Consejo de Participación y recordó el acuerdo de 2014. Incumplido, por supuesto. Porque allí, en ese órgano de representación, "nadie dijo nada" de este asunto que se trata con bombo y orquesta en el Parlamento que dirige Marta Bosquet (Cs).

Hasta confesó Miguel Delibes que escribió a Juanma Moreno para que reconsiderara todo esto.

Delibes insistió en el acuerdo de 2014 (Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana). Un plan que recibió 3.000 alegaciones y el día que se votó en el Consejo de Doñana, con la gran mayoría de actores presentes, obtuvo media docena de votos en contra, una abstención y 37 apoyos y pasó nada menos que tres veces por información pública.

Así que Delibes lo ha resumido así: se está agitando un avispero. Y si la UE ha sancionado a España por su lentitud en proteger Doñana no es menos cierto que vaya a aceptar ahora su modificación.

El caso es que Doñana sigue preso de una maraña de leyes y planeamientos como para alegar supuestos derechos históricos anclados en años poco confiables.

Delibes entiende que "conceder terrenos regables sin agua es hacerse trampas al solitario".

Pero nadie le puso el cascabel al gato de futuras recalificaciones y compra-venta de derechos sobre hectáreas que pueden multiplicar por diez su valor. Un botín demasiado codiciado como para librar esta guerrilla en plena joya europea. Una ambición que puede acabar con la gallina de los huevos de oro.

Los políticos intervinientes han pedido desde diálogo (Mario Jiménez -PSOE-), han preguntado si (Delibes) cree imprescindible paralizar la tramitación (Ismael Sánchez -Unidas Podemos), criticado que no se cite la palabra Huelva (Rafael Segovia -VOX) y sus agricultores o reprochar (también a Delibes) que diga que la proposición es irrespetuosa (Ciudadanos -Julio Díaz) o recordar como hizo el PP -Manuel Andrés González- que hablar de consenso cuando hubo 3.000 alegaciones es cuando menos "discutible".

Desde la Junta se destapó la carta maestra que se busca, un comodín: la llegada del agua superficial. Lo sacó a colación la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. Pidió la ejecución de obras hidráulicas que traerían consigo el aporte de aguas superficiales para el entorno de Doñana y evitarían el uso (o abuso) de las aguas subterráneas del acuífero. Crespo no encontró respuesta en el Ministerio, porque su titular, Teresa Ribera, no estaba, aunque deberá ir al Senado tras la 'invitación' obligada cursada por Ciudadanos.

Aunque el Ayuntamiento de Almonte ha marcado el debate sobre los regadíos con su advertencia sobre la ruptura del consenso comarcal los demás consistorios implicados también han defendido su espacio.

Al fin y al cabo, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Almonte y Rociana del Condado se juegan mucho en este órdago a la grande en el mus de Doñana. Solo Lucena apoya la propuesta de PP, Cs y VOX.

Todos piden garantías jurídicas y la defensa de Doñana como Patrimonio de la Humanidad. El alcalde bonariego ve estrategia política pura y dura en la propuesta y avisa que su ayuntamiento se opone a la  "legalización de pozos ilegales". Y ve hasta errores de bulto en la tramitación:  "la iniciativa dice que son 1.600 hectáreas, mientras que el informe remitido por la Consejería al embajador de la Unión Europea dice que son 748 hectáreas".

Todos los alcaldes ven que esta propuesta que afecta a 70.000 personas es una simple politización sin informes ni técnicos ni jurídicos aunque coinciden en que es necesario que lleguen las infraestructuras pendientes.

Así el alcalde de Lucena se queda solo en el apoyo sin duda alguna a la propuesta de PP, Cs y VOX. Dice que Lucena peligra y sus 2.500 hectáreas productivas. Y cree que son legales tengan o no agua.