'Cartaya pública' exige que la ordenanza municipal recoja que no se cortará el agua a nadie

La plataforma social defiende que " antes que pagar la factura de Aqualia está la necesidad de comer". 

La Plataforma en Defensa de los Servicios Púbicos 'Cartaya pública' considera un paso adelante muy importante la aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento de Cartaya de una moción de IU para que no se corte el suministro de agua a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social, una vez los servicios sociales municipales comprueben esa situación.

No obstante, 'Cartaya pública' considera que ese acuerdo del pleno adoptado por unanimidad se debe trasladar a la ordenanza municipal sobre el servicio de aguas, con el fin de que tenga más fuerza normativa y quede mejor protegido el derecho humano a un mínimo vital de agua potable.

'Cartaya pública' mantiene activa su campaña de recogida de firmas para que se reforme la ordenanza municipal que regula el servicio de aguas, de manera que en ella se incluya la garantía de que a nadie se le va a cortar el suministro, porque antes que pagar la factura de Aqualia está la necesidad de comer.

'Cartaya pública' invita a todas las personas de nuestro municipio que no pueden pagar el agua porque el poco dinero del que disponen lo necesitan para comer a que acudan al Ayuntamiento para que el Gobierno municipal cumpla el compromiso adquirido en el pleno y se les garantice un mínimo vital de suministro de agua potable.

'Cartaya pública' denuncia públicamente que la entrega del servicio de aguas a la Aqualia ha supuesto importantes errores en la facturación que hace esa empresa privada, de manera que en viviendas donde viven varias personas se les factura el suministro como si viviese sólo una. Esto tiene como consecuencia un encarecimiento importante de la factura del agua. Animamos a las cartayeras y cartayeros que hayan sido víctimas de esa facturación irregular a que reclamen y denuncien.

Los abonados que quieran que su factura del agua se corresponda con el número de residentes en su domicilio deben solicitar en el Ayuntamiento la documentación que certifique cuántas personas viven en la vivienda y exigir a Aqualia que actualice sus datos. 'Cartaya pública' exige a Aqualia la devolución inmediata de las cantidades cobradas de forma indebida.