La Junta condena la agresión de Bonares y se suma a la protesta de la plantilla

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Distrito Sanitario de Atención Primaria Condado-Campiña condenan la agresión sufrida por varios profesionales del centro sanitario de Bonares, ubicado en dicho distrito, durante el desempeño de su labor y muestran su más enérgica repulsa a esta clase de actos, sumándose a la concentración de protesta convocada este viernes por la plantilla.

Desde la administración sanitaria se quiere, una vez más, transmitir su rechazo a este tipo de actos, resaltando que cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, no puede justificarse bajo ningún concepto, por lo que se quiere hacer un llamamiento público en contra de esta clase de comportamientos incívicos.

Este hecho aislado no refleja el comportamiento habitual de los usuarios que son atendidos en el sistema sanitario público, y más concretamente en esta zona de la provincia. De hecho, en los últimos 5 años solo se había registrado un incidente de este mismo tipo en la Zona Básica de Salud Condado-Occidental, a la que pertenece Bonares. Asimismo, se trata de la primera agresión física que se produce este año en todo el Distrito Condado-Campiña, mientras que en 2017 no hubo ninguna.

Salud también quiere recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión, a lo que han contribuido los encuentros entre los res-ponsables de la Consejería y del ámbito judicial para promover esta tipificación.

Nada más tenerse constancia de este suceso, el Distrito Condado-Campiña activó el protocolo diseñado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante este tipo de casos, que implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico al personal afectado. También se le ha brindado apoyo para la presentación de la correspondiente denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta actuación se enmarca en el ‘Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz’, puesto en marcha por el SAS en 2005 y que igualmente contempla medidas de formación y seguridad, así como la creación de un registro donde se contabilizan estas agresiones.

En el marco del plan, el trabajador afectado cuenta, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico. La asesoría jurídica asiste y representa a los profesionales en el juicio, para lo cual se ha elaborado un decreto que habilita a los letrados de la administración sanitaria a representar a los profesionales del SAS.

A lo largo del año pasado, el SAS prestó 8 asistencias letradas a profesionales afectados en Huelva, que se saldaron con 7 sentencias condenatorias a los agresores, una de ellas tipificada como delito de atentado.

El sistema sanitario público andaluz fue el primero en diseñar y aprobar un plan de este tipo, al objeto de articular acciones para evitar situaciones de conflicto, profundizando a la vez en las relaciones de respeto mutuo entre ciudadanos y profesionales.

El plan ha permitido a la vez dotar a los centros sanitarios de Huelva de una amplia batería de medidas de seguridad y protección, entre las que se incluyen vigilantes, timbres antipánico, interfonos, teléfonos, cámaras de seguridad, detectores de metales o salidas alternativas.

Con el objetivo de seguir avanzando en el abordaje de esta problemática, la Consejería ha impulsado una nueva medida en este ámbito: la designación de interlocutores sanitarios territoriales en cada provincia andaluza. Esta nueva figura canaliza la comunicación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en cuanto a las agresiones registradas y la información sobre las medidas de seguridad puestas en marcha, los cursos de formación y las medidas de prevención promovidas por la Consejería.

Los interlocutores provinciales realizan además el seguimiento de las distintas medidas de apoyo a los profesionales que han sufrido una agresión.