Inquietud por el plan de cierre de la Residencia del Tiempo Libre de Punta Umbría que afecta a 50 trabajadores
Emilio Gallango (CSIF Huelva) se ha reunido de manera urgente con Juan Carlos Duarte Cañado, delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva para conocer el plan de cierre de la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría, que afecta a 50 trabajadores en la provincia.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha censurado que los trabajadores de las Residencias de Tiempo Libre (RTL) en Andalucía, incluyendo la de Punta Umbría (Huelva), se hayan enterado del cierre de estas instalaciones a través de los medios de comunicación.
CSIF acusa a la Junta de Andalucía de vulnerar la negociación colectiva al decidir dejar de gestionar estas instalaciones sin tener en cuenta al personal, que consta de 400 empleados entre fijos, fijos discontinuos y temporales en toda Andalucía, incluyendo 50 trabajadores de Punta Umbría.
La decisión de cerrar las Residencias de Tiempo Libre fue comunicada a CSIF Andalucía el jueves, casi al mismo tiempo que los medios de comunicación empezaron a difundir la noticia. Esto generó caos y nerviosismo entre los trabajadores, quienes se enteraron de la situación a través de los medios de comunicación.
Hoy, en Huelva, Emilio Gallango, responsable del sector de la Administración General de CSIF Huelva, se ha reunido de manera urgente con Juan Carlos Duarte Cañado, delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva para conocer este plan de cierre de la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría, que afecta a 50 trabajadores en la provincia.
El responsable de CSIF en Huelva explica que la operación obedece a un traslado forzoso y lamenta que la Junta de Andalucía no le haya dado traslado al sindicato de ninguna documentación, informes o documentos que acredite la justificación y necesidad de la adopción de esta medida tan “drástica y prematura” en el tiempo.
El responsable sindical informa que el servicio jurídico de CSIF estudiará si dicho traslado se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo. En esta línea, Gallango dice que “la hipotética operación de reubicación de trabajadores es una operación compleja que debe de adecuarse al cumplimiento de unos parámetros legales”, y que CSIF estará atento a todo el trámite.
Gallango advierte además que “se trata de un proceso de externalización de los servicios”, y que dichas prestaciones “serán ejercitadas por personal laboral ajeno a la Administración General de la Junta de Andalucía”.
CSIF lamenta además el “enfoque mercantilista” del Gobierno andaluz en relación a un servicio que está dirigido a los colectivos más desfavorecidos, como por ejemplo personas perceptoras de pensiones no contributivas, personas jubiladas, mayores de 60 años, personas con discapacidad reconocida y todas aquellas cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional, así como personas integrantes de comunidades andaluzas existentes fuera del territorio andaluz o víctimas de violencia de género, entre otros.
En este sentido, CSIF le recuerda al Gobierno andaluz “que no es una empresa privada que tenga que generar beneficios, sino que su obligación es prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía y fundamentalmente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”. De hecho, las RTL ofrecen la posibilidad de vacaciones a colectivos que no se lo podrían permitir de otro modo. “Los servicios públicos jamás son un déficit, sino una inversión pública para el estado del bienestar de nuestra sociedad”, ha argumentado el presidente del Sector de la AGJA en CSIF.
A juicio de la central sindical, “la Administración ha ido preparando y cociendo su propio argumento año tras año, dejando de invertir en el mantenimiento de las RTL necesario para su buen funcionamiento y para que fuesen atractivos para su uso”, lo que ha provocado –según CSIF-- el descenso de las solicitudes que se ha registrado en los últimos tiempos, “precisamente porque la Administración se ha encargado de reducir la oferta de plazas y acotar de forma limitante el acceso a los diferentes periodos de vacaciones”.
“Desde CSIF pensamos que este es el inicio del desmantelamiento de servicios públicos esenciales para el estado de bienestar de la ciudadanía y que los próximos van a ser los centros de protección de menores”, advierte Gallango.
