Ocho organizaciones llevan a la ONU la vulneración de derechos humanos en el campo de Huelva
La organización internacional Women’s Link Worldwide, con el apoyo de otras 7 organizaciones, ha enviado una comunicación urgente a diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informando sobre las vulneraciones de derechos humanos que sufren las temporeras marroquíes y otras personas migrantes que trabajan en la recogida de la fresa y frutos rojos en Huelva.
En su comunicación, alojada en su web, Women’s Link y el resto de organizaciones advierten del riesgo que la pandemia de COVID-19 supone para los derechos de las temporeras marroquíes y el resto de población migrante trabajadora, que ya se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad previa debido a la explotación laboral y a las diferentes formas de violencia que sufren desde hace años.
Según la organización, las temporeras pueden verse expuestas a nuevas formas de explotación debido a la falta de mano de obra por el cierre de fronteras, así como a una mayor impunidad en los casos de violencia, especialmente violencia sexual, debido a las mayores dificultades de acceso a la sanidad y a la justicia.
Además, las condiciones de trabajo (sin distancia de seguridad, guantes, mascarillas…) y de las viviendas de algunas fincas (contenedores de obra, sin ventilación, con los baños alejados y sin agua potable) pueden favorecer el contagio de la COVID-19.
Esta situación también es extensible a las personas migrantes que sobreviven en asentamientos informales de la provincia sin acceso a servicios básicos como agua o saneamiento, como han alertado organizaciones locales.
Las organizaciones solicitan a estos organismos que emitan una declaración conjunta dirigida a las autoridades competentes en España y en Marruecos y a las empresas implicadas exigiendo que protejan la salud y los derechos de las trabajadoras migrantes en Huelva.
Además, piden que dichas medidas tengan una perspectiva de género, ya que la recogida de la fresa es un sector altamente feminizado, y que sean sostenibles en el tiempo, más allá de la duración del contexto provocado por la COVID-19. “La pandemia de COVID-19, como todas las crisis, tiene un impacto específico en las mujeres y exacerba las desigualdades de género ya existentes. Este impacto es especialmente grave para las mujeres vulnerabilizadas, como las temporeras de la fresa, cuyas familias dependen de sus ingresos y trabajan bajo unas condiciones laborales discriminatorias y abusivas”, explica Aintzane Márquez, abogada de Women’s Link Worldwide.
Vulneraciones de derechos que vienen de lejos
Como parte de la comunicación, la organización ha presentado un informe, elaborado por Andaira, Taraceas Cooperativa y otras expertas, en el que se exponen las principales vulneraciones de derechos humanos contra las temporeras documentadas en la temporada del año 2019.
En el informe se exponen vulneraciones de derechos detectadas durante la selección de trabajadoras en Marruecos y durante el desarrollo de la actividad laboral, así como vulneraciones específicas relacionadas con las condiciones de alojamiento, violencia sexual, dificultades de acceso a la justicia y a la sanidad y a sus derechos sexuales y reproductivos.
Basándose en el informe y en las experiencias de las organizaciones firmantes, Women’s Link denuncia que la situación no ha mejorado sustancialmente desde el año 2018, cuando se anunciaron medidas tras varias denuncias de temporeras por explotación laboral y violencia sexual.
La mayoría de las medidas adoptadas siguen haciendo recaer la responsabilidad de denunciar sobre las trabajadoras, que en muchos casos no son informadas de sus derechos o tienen miedo a perder sus trabajos. Asimismo, el Estado español sigue sin controlar de manera eficaz que las empresas respeten los derechos de las temporeras, delegando su función de vigilancia en mecanismos propuestos y manejados directamente por la patronal de la fresa, en lugar de ejercerla desde las administraciones públicas como correspondería, aseguran desde Women’s Link Worldwide
“El contexto actual de la COVID-19 ofrece una oportunidad para revisar el sistema de contratación en origen de manera integral. La vuelta a la “normalidad” tiene que suponer también un cambio hacia un modelo productivo en el que los derechos de las personas trabajadoras migrantes estén en el centro, en lugar de los intereses económicos”, concluye Márquez.
