El Gobierno andaluz aprueba el Plan de Caza a 10 años y reconoce que cada vez hay menos cazadores

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza para el periodo 2023-2033, una vez expirado el plazo de diez años de vigencia del anterior (fue aprobado en 2007), un instrumento de diagnóstico y planificación general de la actividad de la caza en Andalucía, estableciendo las bases para la ordenación y fomento de los recursos y adecuando el texto a las transformaciones del entorno cinegético y ambiental de los últimos años.

El Gobierno andaluz expresa la preocupación de la tendencia descendente de personas cazadoras año tras año y la escasa incorporación de renuevo generacional, añadiendo propuestas para intentar revertir esa tendencia.

La provincia de Huelva tiene casi 785.000 hectáreas dedicadas a la actividad cinegética repartidas en más de 800 cotos de caza. En ellas participan entorno a 12.000 cazadores locales de todos los municipios.

El Plan -que ha sido sometido a información pública y a trámite de audiencia por la ciudadanía afectada en derechos e intereses- resalta la importancia de desarrollar la actividad cinegética en el medio natural como herramienta para gestionar de forma correcta el territorio, además de para mantener los equilibrios naturales de conservación y regeneración natural.

Así, se destaca la sostenibilidad de la caza como fundamental para las especies cinegéticas, los hábitats, las personas cazadoras y la población rural, además de su tradicional faceta de actividad deportiva de profundo calado social, su aportación al sector económico y de fijación de la población al territorio.

El texto señala unos objetivos generales, ya recogidos en el Plan de 2007, como mejorar los servicios de la Administración hacia las personas cazadoras; mantener actualizada la información de la situación de especies, poblaciones cinegéticas y hábitats; el análisis de la influencia del cambio climático en la distribución y en la fenología de las especies migratorias; así como el fomento de la investigación y de la calidad cinegética mediante una correcta planificación y ordenación de la actividad que asegure una caza social, ética, sostenible y responsable, basada en criterios de sostenibilidad.

Además, se incorporan nuevos objetivos, como el control del estado sanitario de las especies cinegéticas, la mejora e informatización de procedimientos entre las personas cazadoras y la Administración, y el impulso de la sensibilización sobre la caza atendiendo a sus beneficios económicos y ambientales, al aprovechamiento de recursos y a la capacidad de fijación de la población a territorios menos favorecidos.

Entre los aspectos más novedosos del Plan destaca el impulso de la sanidad animal en especies silvestres cinegéticas; la necesidad de la caza como herramienta de gestión de poblaciones y como medio de vigilancia activa y pasiva del medio natural o la telematización del sector tanto en sus procedimientos como en su relación con la Administración, con el objetivo de simplificar trámites, reducir los tiempos y lograr que la información fluya de forma ágil desde el sector cinegético a las administraciones y los organismos internacionales.