Los acusados de explotación laboral a un compatriota niegan los hechos
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha acogido este miércoles el juicio contra dos hombres, padre e hijo de nacionalidad búlgara, acusados de un delito de trata de seres humanos y un delito de imposición coactiva de condiciones laborales a otro compatriota. Ambos han negado los hechos, indicando que en ningún momento obligaron a ese hombre a trabajar ni se quedaron con su jornal.
En la sesión del juicio, la Fiscalía ha mantenido su petición de 13 años de prisión para cada uno, por supuestamente obligar trabajar en una finca de Sevilla a este joven de 18 años de su misma nacionalidad sin que recibiera retribución alguna. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución.
Además, para el hijo y un tercer acusado, el cual está en paradero desconocido, la Fiscalía pide un año de prisión más por un delito de coacciones al perjudicado por este caso, el cual fue liberado por la Policía tras denunciar la situación ya que supuestamente trabajó sin cobrar y "tenía que procurarse alimentos en la basura o buscando chatarra".
El joven relató a la Policía que había sido trasladado desde Bulgaria a Huelva bajo la promesa de un trabajo en el campo con unas buenas retribuciones, una oferta que aceptó dada sus necesidades personales. No obstante, una vez en España, la organización presuntamente le tenía controlado en un piso de la barriada El Torrejón de Huelva, donde compartía la vivienda con más personas, entre ellos, uno de los detenidos (el cual está en paradero desconocido), que "ejercía las funciones de control sobre la víctima".
En la sesión del juicio, los dos acusados han explicado que no se quedaban con el salario alguno, incidiendo en que se limitaban a ofrecerse como conductores para llevar a los trabajadores a la finca agrícola, ubicada en Bollullos de la Mitación.
El testimonio de la víctima, --el cual ya no está en nuestro país--, ha sido mediante prueba preconstituida, es decir, se ha referido la declaración policial y judicial que hizo en su momento.
Además, en la sesión, han declarado dos agentes de la Policía Nacional y el manijero de la finca en cuestión, el cual ha afirmado que él se encargaba personalmente del pago a los trabajadores, así como ha señalado que no conoce a la víctima y que cada empleado le entregaba directamente la documentación necesaria para trabajar con su correspondiente alta en la Seguridad Social.
