El juez da la razón a CSIF y obliga a pagar al Ayuntamiento isleño 45.000 euros a policías
En concepto de ayudas sociales y disponibilidades desde hace cuatro años.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva ha obligado a pagar 45.000 euros a los funcionarios de la Policía Local del municipio, entre 1.500 y 2.000 euros por trabajador, en concepto de ayudas sociales y disponibilidades desde hace cuatro años.
Según ha informado el sindicato CSIF en una nota, el juez resuelve a favor de la organización sindical después de que el colectivo de estos funcionarios interpusiera varias demandas contra el Ayuntamiento isleño, en las que reclamaban una serie de cantidades recogidas en el reglamento de funcionarios del Consistorio en concepto de ayudas sociales y disponibilidad, que la corporación dejó de pagar en 2010 interpretando que el llamado "decretazo de los recortes" del Gobierno central anulaba todos los acuerdos laborales.
Sin embargo, desde el CSIF aseguran que las sentencias recibidas no avalan la medida del Ayuntamiento de Isla Cristina y dan la razón al cuerpo de funcionarios por lo que la corporación deberá pagar estas cantidades, que estaban negociadas y pactadas, sin embargo desde 2010 "la corporación ha obviado estos acuerdos sin respetar los derechos adquiridos por los trabajadores".
Indican a su vez que han intentado solucionar el conflicto mediante el diálogo y propuestas de acuerdo entre ambas partes "pero no se llegó a entendimiento en ningún momento por lo que los funcionarios se vieron obligados a interponer denuncias judiciales".
Los representantes de CSIF entienden que la actitud que ha mantenido el Consistorio en este asunto "incide en la mala gestión del equipo de gobierno que no reconoce las cantidades reclamadas que fueron acordadas con la propia corporación, la cual se niega de forma sistemática a escuchar los problemas del colectivo de funcionarios".
Por otra parte, adelantan que todavía existen procedimientos judiciales pendientes que, con toda probabilidad, darán la razón a los trabajadores ya que las denuncias que están presentadas siguen la misma línea de las ya sentenciadas. "Todo esto es fruto de la falta de diálogo y el incumplimiento de lo negociado con los trabajadores y sus representantes sindicales", insisten desde el sindicato.
Finalmente, desde el CSIF advierten que en las sentencias se le da la potestad al empleado público de reclamar los intereses generados por el impago de las cantidades en cuestión, "por lo que si todo se hubiera liquidado en fecha habría sido una cuantía inferior a la que con toda probabilidad a fecha de hoy tendrá que abonar el equipo de gobierno".
