El alcalde de Cartaya trata de acallar a la Policía Local con una cuerda, un martillo y unos alicates
El sindicato CSIF califica de "vergonzoso e irrisorio" que la corporación haya adquirido un 'kit' de herramientas ante las denuncias de "graves carencias" en los medios técnicos de los agentes. La plantilla se ha vuelto a concentrar este lunes frente al consistorio.
El sindicato CSIF ha calificado de "irrisorio y vergonzoso" que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartaya haya comprado cuerda y herramientas para paliar la falta de medios y recursos de la Policía Local de la localidad. La Central Sindical considera "una falta de consideración y un menosprecio al trabajo de los agentes" que la corporación haya adquirido un martillo, tenazas, una segueta, alicantes y un rollo de cuerda ante las denuncias que desde hace meses viene realizando este colectivo por las "graves carencias e irregularidades" en las dotaciones.
Desde la sección sindical de CSIF en el consistorio cartayero se ha tachado de "bochornosa" esta compra de materiales: "parece una burla al cuerpo de Policía Local de este municipio. No se están tomando en serio nuestras reivindicaciones centradas en la necesidad de contar con medios que cumplan la legalidad para poder desempeñar nuestro trabajo de manera digna y garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salud". Así lo han manifestado en una nueva concentración de protesta que ha tenido lugar a las diez de la mañana en la puerta principal del Ayuntamiento (a pesar de las inclemencias del tiempo) en la que, además, han acusado al alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo, de "orquestar una campaña de desprestigio contra la Policía Local mintiendo sobre las peticiones de este colectivo".
El sindicato ha hecho especial hincapié en que "las demandas de la plantilla no tienen ninguna vinculación con temas salariales". Explica cómo "tanto en las demandas como en las protestas sólo se alude a la falta de medios y al incumplimiento de la legalidad de las dotaciones y en ningún momento se ha pedido ningún tipo de recurso económico". CSIF asegura, por ello, que el primer edil "está echando balones fuera, no asume su responsabilidad e intenta desacreditar a los agentes con ataques personales y el argumento fácil de acusarlos de pedir subidas de sueldo en vez de proporcionarles los medios necesarios para desempeñar su trabajo y garantizar, así, la seguridad de los ciudadanos que en los últimos meses están sufriendo una oleada de robos con fuerza en sus vehículos".
En este sentido, los agentes han lamentado que "se menosprecie las demandas de los agentes comprando cuerda y herramientas cuando la verdadera gravedad de la situación es que no tenemos coches patrulla, no contamos con armero que cumpla la ley (a día de hoy las pistolas y la munición siguen en buzones de correo), los uniformes no se renuevan en su totalidad desde hace años, la antigüedad de la uniformidad de motorista -guantes, cascos, botas y protecciones- pone en riesgo la seguridad e integridad física de los agentes que son obligados a utilizar las motocicletas con más de 14 años, no tenemos el equipo básico reglamentario, no ofrecen la posibilidad de realizar prácticas de tiro obligatorias y se incumple la normativa de prevención de riesgos laborales tanto en la Jefatura como en los reconocimientos médicos de los agentes".
CSIF puntualizaba, además, que están empezando a renovar "tarde y mal" (vulnerando la normativa de la Junta de Andalucía) el carné de acreditación profesional de los agentes que es fundamental para certificar el permiso de uso de las armas. Además, los coches de sustitución no cuentan con el equipamiento necesario que consta de extintor, botiquín, linternas y chalecos antibalas, entre otras dotaciones.
Todas estas deficiencias, junto a otras muchas que ha venido denunciado el sindicato, siguen su curso ante la Subdelegación del Gobierno, la Intervención de Armas de la Guardia Civil, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Inspección de Trabajo y la Fiscalía. En este último caso, CSIF recuerda que el alcalde desde que entró a gobernar está contratando a empresas de seguridad privada externas al Ayuntamiento para realizar funciones propias de la Policía Local y cubrir eventos como la feria de Cartaya y de El Rompido o la romería, lo que podría constituir un presunto delito de usurpación de funciones.
