Discriminación en la playa de Islantilla
La permanente lucha que mantenemos el colectivo de personas con diversidad funcional (discapacidad) por la accesibilidad universal, cuando llega el tiempo de vacaciones, no sólo no cesa, sino que se activa y amplía hacia los lugares que nos trasladamos si no cumplen la normativa establecida. Un ejemplo lo encontramos con la accesibilidad de las playas. Con frecuencia leemos que tales playas son accesibles y, una vez que se visitan, observamos que es una falacia.
El pasado verano presentamos en la oficina de la mancomunidad de los municipios de Isla Cristina y Lepe, que gestiona la playa de Islantilla (Huelva), una reclamación para que se instalara una zona con suelo de madera con protección de sombra para que las personas que van en silla de ruedas o tienen otro tipo de movilidad reducida puedan ir a la playa sin necesidad de ser arrastradas por la arena. Estas zonas existen en muchas playas, la más cercana a esta zona está en la playa de la Antilla, a tres kilómetros del lugar que referenciamos. Al presentar la reclamación nos dijeron que varias personas habían reclamado lo mismo. Días mas tarde recibimos un escrito diciendo que nuestra petición se tendría en cuenta para la próxima temporada. Este año cuando hemos vuelto a la playa de Islantilla, observamos que no se ha instalado esta zona. En la oficina de la mancomunidad nos presentamos y nos dicen que efectivamente se ha tenido en consideración nuestra propuesta, pero no se ha instalado lo solicitado. La directora de la oficina no puede atendernos, aunque dicen que me llamarán para una cita… La accesibilidad y la igualdad de derechos nunca es prioritaria.
A esta playa clasificada como accesible, cada temporada se trasladan y visitan numerosas personas con movilidad reducida. Ellas y sus acompañantes aportan beneficios económicos en la localidad, pero la mancomunidad no invierte en una instalación de bajo costo, como la demandada.
La mancomunidad respondió prometiendo una instalación que posteriormente no coloca, es decir, miente, discrimina y no respeta la igualdad de derechos de las personas con diversidad funcional. A la vez, incumple la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU de 2006, que España ratificó en mayo de 2008. ¿Hasta cuándo se van a permitir estas malas prácticas desde organismos públicos?
Gloria Lucena.
