El Defensor del Pueblo andaluz advierte del grave deterioro de la Sanidad y la atención a la Dependencia

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado sobre varias situaciones que están provocando un retroceso de derechos para la ciudadanía, y que se han “cronificado”. “Es inadmisible que los asumamos como algo cotidiano y normal”, ha lamentado Jesús Maeztu. Maeztu ha señalado el deterioro de la sanidad pública como otro de los asuntos que más ha preocupado a los andaluces, con especial atención a la atención primaria y los problemas de salud mental.

El Defensor del Pueblo andaluz ha comparecido en el pleno del Parlamento andaluz para presentar el Informe anual de la Institución de 2022, en el que ha ofrecido un balance de más de 25.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía -12.400 quejas y otras 12.700 consultas con respuesta, a lo que se incluye más de 600 acciones de promoción de derechos- para las más de 30.000 personas que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario.

Maeztu ha señalado el deterioro de la sanidad pública como otro de los asuntos que más ha preocupado a los andaluces, con especial atención a la atención primaria y los problemas de salud mental.

El Defensor del Pueblo andaluz ha relatado estas situaciones “inaceptables” que están afectando a numerosos colectivos, y ha puesto de ejemplo las atenciones que necesitan personas mayores, personas con discapacidad, dependientes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, familias, mujeres solas con hijos… “en cuestiones tan variadas como ingresos de subsistencia, acceso a una vivienda digna; suministros básicos... que están sufriendo asfixiantes demoras en su tramitación”.

 "Está dejando de sorprendernos que la resolución de los expedientes (Dependencia) lleguen cuando las personas mayores han fallecido, incrementando de esta manera no solo el dolor de sus familiares, sino la desconfianza en las administraciones”

En su enumeración, Jesús Maeztu ha señalado las dilaciones en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, que siguen superando los dos años y que algunas llegan a los tres años. "Está dejando de sorprendernos que la resolución de los expedientes lleguen cuando las personas mayores han fallecido, incrementando de esta manera no solo el dolor de sus familiares, sino la desconfianza en las administraciones”, ha expuesto Jesús Maeztu, quien también ha considerado “inconcebibles” las dilaciones en el reconocimiento de la discapacidad.

Jesús Maeztu ha subrayado su preocupación por los retrocesos en la percepción de la violencia de género. “¿Qué está pasando? ¿Qué medidas son necesarias para atajar este problema de la violencia machista que está corrompiendo a la sociedad, y del cual nos encontramos cada vez más réplicas cometidas por personas jóvenes y adolescentes? ¿No existen medidas suficientes o adecuadas?”, ha señalado el Defensor, para destacar la necesidad de replantear las actuaciones de prevención y protección a las mujeres.

Este comisionado, Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, se ha preguntado por las aspiraciones para una juventud que carece de empleo estable y el acceso a una vivienda a un precio asequible, y ha interpelado a los miembros del Parlamento por “si nos tomamos en serio el derecho a una vivienda digna y adecuada”.

Maeztu también ha llamado la atención sobre el impacto de los cortes de luz en los barrios vulnerables, “donde es evidente que la pobreza y la desigualdad son persistentes, agudizadas además por la subida de los precios”.

En esta línea sobre actuaciones que afectan a personas, asuntos que ocupan más de la mitad de las intervenciones del Defensor, Jesús Maeztu ha señalado el deterioro de la sanidad pública como otro de los asuntos que más ha preocupado a los andaluces, con especial atención a la atención primaria y los problemas de salud mental.

El Defensor también se ha ocupado del derecho a la educación; de la erradicación de los asentamientos de personas migrantes en Huelva y Almería, y de los riesgos de la transición digital, para lo que ha reclamado una regulación de la cita previa que acabe con los retrasos en la atención ciudadana, al tiempo que ha reclamado atención presencial complementaria a la telemática.