Un defecto de forma en la ley pone en peligro de un nuevo 'ladrillazo' a la Costa de Huelva
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado una campanada inesperada por muchos, el Plan de Protección del Corredor del Litoral andaluz quedaba anulado por la justicia por un defecto de forma, la culpa, la legislación se aprobó durante un periodo en el que el Gobierno andaluz no estaba oficialmente constituido tras las elecciones autonómicas de 2015 y mientras PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos andaban a la gresca tratando de poner en pie un Ejecutivo estable.
Automáticamente esto deja la vía abierta a los Ayuntamientos y a empresas constructoras para hacerse con más ladrillo en la costa onubense, un efecto colateral que desde organismos como Ecologistas en Acción miran con preocupación, aunque eso sí, señalan que en Huelva, de momento, no han detectado un riesgo inminente por que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) no se contemplan planes urbanísticos, aunque la sospecha de que algo pueda salir mal o haya alguna brecha abierta pone al movimiento en ecologista en alerta.
El portavoz de Ecologistas en Acción para la Costa de Huelva, Iñaki Olano, asevera en declaraciones a Diario de Huelva que, los primero que se demuestra con esta sentencia del TSJA es "la falta de seriedad del Gobierno andaluz, es cuanto menos extraño que las cosas se hagan tan mal".
Por ello, desde Ecologistas en Acción, sus peticiones van encaminadas por dos vías diferentes, por un lado, exigen que el Ejecutivo andaluz recurra esta decisión del TSJA para salvar el proyecto y como segunda medida paralela a la primera es que se haga otra legislación para paralizar todos los proyectos que pudieran estar en marcha o que estuvieran previstos en los planeamientos municipales.
No obstante Olano cree que en Huelva no habrá movimiento urbanístico porque "la ley para Huelva llegó tarde, ha habido un grado de urbanización excesivo, durante años lo que se ha construido en Huelva ha sido bestial y hasta que llegó la crisis se ocuparon muchos espacios para construir.
Olano asegura que la ley debe ser consecuente, y por lo tanto, no permitir que se estropee aquello que ya estaba previsto proteger, por lo que es importante que "la administración se mueva para subsanar el problema e incluso para aprovechar y mejorar algunos aspectos de la ley con la que no estábamos de acuerdo".
El hecho de que el TSJA haya levantado el veto a la construcción de nuevas viviendas en la costa onubense permite en cierta medida, si se dan los condicionantes y con la complicidad de los ayuntamientos, construir en los primeros 500 metros de playa, algo que prohibía expresamente esta legislación.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ya ha anunciado que el Ejecutivo autonómico acabará recurriendo "con toda probabilidad" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el Plan de Protección del Corredor Litoral.
Entre los espacios que la ley determinaba que debían ser protegidos y que ahora quedan al albur de nuevas decisiones, el documento oficial señalaba específicamente La Antilla Este, La Vera 5 en Lepe, Golf Este también en Lepe, La Bella Sur, La Bella Centro Hípico, Ribera de Cartaya, Cartaya SUS M1, Cuesta de la Barca y las Huesas (Moguer).
El Caso de Cuesta de la Barca
El caso de Cuesta de la Barca, en Moguer, es tal vez uno de los más paradigmáticos y de los que está más en peligro ante el acecho urbanístico y es que, no obstante, hace años ya hubo un proyecto totalmente definido para construir en este lugar de la Costa. En aquel momento el alcalde era el popular Juan José Volante, y el PSOE logró paralizar inicialmente ese proyecto en los tribunales.
Según el propio documento legislativo, al que ha tenido acceso Diario de Huelva, entre los efectos adversos que podría tener sobre el terreno la acción urbanística destacan la eliminación del pinar que supone el deterioro de importantes servicios de abastecimiento, destacando la afección sobre las poblaciones de flora amenazada (reservorio genético)
Asimismo, los servicios de regulación se verán también comprometidos, sobre todo el control de la erosión y reservorio de arena. Igualmente, la conectividad ecológica en esta zona se verá deteriorada, afectando a poblaciones de fauna de interés ligadas a Doñana.
Del mismo modo, señala el documento, la identidad cultural asociada al sector y el disfrute de otros servicios culturales se perderían.
Por último, la legislación ahora anulada advierte de que el desarrollo urbanístico del sector afectaría negativamente al mantenimiento de los valores paisajísticos y ambientales de su entorno protegido, también forestal, al acercar la urbanización a estos espacios. En este sentido, esta formación de pinar actúa como zona de amortiguación de posibles impactos de la urbanización sobre los espacios forestales protegidos ubicados al norte.
