Los vecinos de la urbanización Costa Esuri de Ayamonte ya no pueden más. Después de un año reclamando al Ayuntamiento mejoras sociales y políticas públicas que favorezcan la integración de la barriada, el consistorio continúa, a su parecer, manteniendo silencio.

Ya durante el pasado mes de diciembre, los vecinos de esta urbanización de grandes dimensiones, situada a las afueras de Ayamonte y fruto de los años de la multiplicación de las promociones urbanísticas sin freno, salieron a la calle para reclamar, entre otras cosas, un servicio de autobús "con horarios que respondan a las necesidades reales de los vecinos que viven allí de forma permanente" y que finalmente lograron en el mes de febrero "con una frecuencia de uno al día y sin marquesinas".

Actualmente se encuentran censadas unas 2.000 personas, una cifra que se triplica en épocas vacacionales, según relatan los vecinos.

"Es en esa época cuando más se echan en falta servicios como parques infantiles y centros sociales, que no tenemos y por los que el Ayuntamiento se niega a apostar", aseguran. "No hay ni centro de salud, ni oficina de atención al ciudadano, ni patrullas policiales, ni nadie que se encargue de las obras de la calzada".

Falta de transparencia

Desde su construcción, este núcleo urbano está gestionado por una Entidad Urbanística de Conservación (EUC), una figura jurídica ligada a la Administración pública en la que los propietarios asumen el mantenimiento y conservación de la urbanización.

A pesar de que son los propios vecinos quienes sufragan los gastos de las instalaciones, la Asociación se queja de la falta de transparencia en la toma de decisiones por parte de la EUC: "Ni el Ayuntamiento ni el Consejo Rector de la EUC responden a nuestra actitud de cooperación constructiva, no comparten ni publican información esencial que por ley están obligados a compartir" por ello "no podemos saber si la gestión de la EUC Costa Esuri cumple las normas y se hace de forma diligente y económicamente efectiva", aseguran.

Campaña de micromecenazgo

Ante esta situación,  los vecinos han decidido llevar a los tribunales al Ayuntamiento para lograr "lo que por la vía natural no hemos conseguido".

Para ello, han puesto en marcha una campaña de microfinanciación colectiva para hacer frente a los gastos judiciales que puedan derivarse. Dicha campaña está actualmente abierta en la plataforma Gofundme para toda aquella persona que quiera aportar a la causa. La Asociación, que ha puesto un objetivo de 5.000 euros, lleva recaudados 1.255 euros desde que abriera la campaña el pasado 24 de mayo.

Desde el Ayuntamiento aseguran que estas  acusaciones son "rotundamente falsas" y que se han llevado a cabo numerosas mejoras en los últimos meses en la zona para paliar los déficits públicos con los que cuenta este núcleo urbano, por ejemplo un servicio de autobuses Diario que actualmente pasa por dicha zona.