El Ayuntamiento de Almonte investiga el uso indebido de un local cedido a la Asociación de Propietarios de Matalascañas
Una denuncia vecinal destapa posibles clases privadas de pago en la antigua biblioteca del Sector Ánade Real, contraviniendo el convenio de cesión municipal

El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado un expediente informativo para esclarecer si la Asociación de Propietarios de Matalascañas ha incumplido las condiciones del convenio que regula el uso del local municipal que ocupa en el Sector Ánade Real, conocido popularmente como la antigua biblioteca.
La decisión se produce tras recibir una denuncia formal que advierte de la supuesta realización de clases de inglés a menores durante el curso escolar, cobrando 60 euros mensuales por alumno. Una práctica que, de confirmarse, implicaría un uso lucrativo no autorizado del espacio, en contra de lo establecido en el acuerdo de cesión.
El convenio, firmado en 2017, establece que el local se cede de forma gratuita a la asociación exclusivamente para actividades propias, sin ánimo de lucro y sin cesión a terceros. Además, prohíbe expresamente cualquier tipo de subarriendo o utilización con fines comerciales. El único compromiso económico de la asociación es asumir el coste del consumo eléctrico del inmueble.
El Consistorio ha recordado que la cesión se hizo como muestra de confianza institucional, con el objetivo de fomentar la participación vecinal en iniciativas sociales, culturales y turísticas, nunca para desarrollar actividades privadas con ánimo de lucro.
El expediente abierto tiene como finalidad determinar con claridad:
- Quién gestiona las clases presuntamente impartidas.
- Si existe algún contrato con un profesional o empresa externa.
- Si la actividad ha sido declarada oficialmente y cuenta con seguro de responsabilidad civil.
- Y a dónde se destinan los ingresos obtenidos.
Desde el Ayuntamiento se ha subrayado la obligación de velar por el correcto uso del patrimonio público, especialmente cuando se trata de actividades que afectan a menores y se desarrollan sin conocimiento ni autorización municipal. Asimismo, se recuerda que todos los espacios cedidos están sujetos a los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.
En caso de confirmarse el incumplimiento del convenio, el gobierno local ha asegurado que adoptará las medidas pertinentes, como recoge el propio acuerdo firmado, para restablecer la legalidad y garantizar que los recursos públicos no se utilicen con fines particulares ni fuera del marco establecido.