Aqualia asegura que los precios del agua municipal los fija cada ayuntamiento
Cuando se cumple un mes del final de la batalla judicial entre el Ayuntamiento de Moguer y la multinacional Aqualia por la gestión del agua en el municipio, la indignación vecinal por su gestión no deja de crecer.
Los vecinos aseguran sentirse "desprotegidos" y cada día más convencidos de que, antes o después, el litigio se trasladará a los servicios del agua que utilizan diariamente los hogares moguereños. "Nos han asegurado que en ningún caso subirán los recibos del agua pero ya veremos", opina Juan Antonio G., docente y vecino de Moguer. "De algún sitio tendrán que sacar lo que no han logrado en los tribunales".
Estas quejas, sin embargo, no son nuevas, "venimos sufriendo averías y cortes de agua desde hace años y nadie responde", explica María Gómez, vecina del municipio. Su hija Carmen, que actualmente vive en Mazagón, confirma el malestar de su madre: "Soy yo la que se ocupa de llamar a la empresa para solucionar las averías y cada año tengo que descolgar más veces el teléfono". Preguntada por si estás incidencias con el suministro del agua ocurren también en Mazagón, Carmen asegura que "tenemos problemas a menudo pero creo que no tantos como en Moguer, tal vez porque las instalaciones son más recientes o porque lo exige el turismo".
Aqualia asegura que cuenta con numerosos canales para acercarse a los clientes que presentan incidencias, tales como una aplicación móvil o un teléfono de asistencia gratuita 24 horas y que todas ellas son registradas y tramitadas en el menor tiempo posible.
Infraestructuras obsoletas
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón por tercera vez al Ayuntamiento de Moguer, desestimando las exigencias de Aqualia que reclamaba de las arcas municipales casi 3 millones de euros basándose en una cláusula del contrato para la prestación del servicio que la empresa firmó en 2010 con el anterior equipo de gobierno municipal y que recogía una indemnización por pérdidas.
Desde que comenzara el proceso judicial, se han sucedido numerosas guerras a propósito de la gestión de las infraestructuras y el suministro. Una de las más importantes tuvo lugar el pasado mes de mayo cuando el suelo de la Plaza de la Coronación de Moguer se hundió ante el asombro de los vecinos.
La empresa negó ser la responsable del incidente y culpó a la compañía subcontrata del Ayuntamiento que en ese momento realizaba las obras del parking subterráneo de dicha plaza. "Lo cierto es que aquello tardó bastante tiempo en solucionarse y al final los únicos perjudicados somos los vecinos que vivimos cerca o pasamos diariamente por allí, especialmente las personas que van en silla de ruedas o con carritos de bebés", comenta Sandra, vecina del municipio.
En cualquier caso, los vecinos lamentan el mal estado general de muchas infraestructuras de las que nadie se responsabiliza.
Aqualia asegura que el estado del equipamiento hidráulico "es competencia de los ayuntamientos" y que la empresa solo es competente "en lo que respecta a su mantenimiento y reparación", nunca de las inversiones que sean necesarias.
Es el caso de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Moguer que actualmente abastece a los municipios de Moguer, Mazagón, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, Trigueros y Beas.
Con una capacidad de 350 litros de agua por segundo, esta infraestructura hidráulica lleva años incumpliendo la directiva 91/271/CEE, de vertido en la zona sensible del entorno de Doñana.
Movimientos ecologistas advierten de que su escasa capacidad no permite actualmente la eliminación y el correcto tratamiento tanto del nitrógeno como del fósforo, dos elementos potencialmente tóxicos que van a parar directamente al Parque Nacional.
