El alcalde de Hinojos teme una plaga de orugas “peor que la del año pasado” y urge a la fumigación
El alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, ha alertado de que en 2016 el municipio va a sufrir problemas importantes relacionados con la plaga de orugas procesionarias, ya que "se están dando las condiciones meteorológicas adecuadas para que tengamos un plaga peor que la del año pasado". Una vez más, el regidor ha exigido a las administraciones medidas para combatir el insecto.
Curiel no ha ocultado su decepción al término del encuentro celebrado en Almonte para abordar el problema. "Son muchos los meses de trabajos para que ahora, en la última semana en la que se puede realizar los tratamientos aéreos, el Ministerio otorgue la competencia a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía”, ha lamentado el alcalde hinojero.
Por su parte, el Subdelegado del Gobierno ha confesado que el tema es preocupante para los pueblos afectos, pero se ha visto obligado a trasmitir el mensaje que ha recibido del Ministerio de Sanidad quien considera que la fumigación aérea no es la medida más adecuada debido a los riesgos que puede ocasionar a las personas y al medio natural. No obstante, ha lanzado un mensaje de tranquilidad anunciando que “la Delegación del Gobierno está realizando las gestiones para celebrar una reunión conjunta entre la Comunidad Autónoma, los Ministerios afectados con la idea de aunar criterios y poder dar una solución definitiva a la procesionaria”. Medidas que dejarán las puertas abiertas para el tratamiento de la plaga en 2016.
No obstante, y mientras que el Ministerio de Sanidad no procede a declarar al territorio de Andalucía como emergencia sanitaria, en Cataluña sí se realizan las labores área, usando el mismo plaguicida que la Junta de Andalucía propuso en julio de 2015 al Ministerio de Agricultura, nos referimos a un producto biológico 'Bacillus Thuringiensis' el que sustituiría al Diflubenzuron, plaguicida prohibido por la Unión Europea. Ahora, la única espera que queda es la fecha para organizar un Comisión Técnica entre administraciones, la central, la autonómica y los ayuntamientos, con el fin de marcar una hoja de ruta en la que se especifiquen perfectamente las competencias de cada una.
