viernes. 19.04.2024
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Arranca el juicio contra los acusados por extracción ilegal de agua en Doñana

En en el primer día de juicio solo han declarado dos de los agricultores acusados, mientras que el resto se ha acogido a su derecho a no declarar
Arranca el juicio contra los acusados por extracción ilegal de agua en Doñana

Este martes la Audiencia Provincial ha acogido el juicio por la extracción ilegal de agua en Doñana. En el banquillo de los acusados, 15 personas. Entre ellas, dos ex alcaldes de Almonte, el exsocialista Francisco Bella y el popular José Antonio Domínguez.

En el caso están imputados también 13 propietarios y administradores de distintas fincas agrícolas localizadas en el paraje de Matalagrana, en Almonte. Se les juzga por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente entre los años 2009 y 2012. La extracción de agua del acuífero que nutre a Doñana -según el escrito de la Fiscalía- puso en grave riesgo al espacio natural.

En en el primer día de juicio solo han declarado dos de los agricultores acusados, mientras que el resto (11) se ha acogido a su derecho a no declarar.

Los acusados han defendido el uso legal del agua de los sondeos de las fincas que trabajaban, señalando que el convenio con el Ayuntamiento de Almonte recogía el uso y explotación de las fincas y que estaba autorizada la extracción del agua de los sondeos realizados en los años 70, así como han subrayado que el problema con estas extracciones derivan de "errores administrativos".

Está previsto que el juicio se prolongue durante dos semanas y que sean alrededor de una treintena los peritos y testigos que declaren en el mismo.

De este modo, este martes se ha comenzado con la resolución de las cuestiones previas y el inicio de las declaraciones de los acusados, que seguirán el miércoles, mientras que el jueves y el viernes se llevarán a cabo las pruebas testificales propuestas, tanto por parte de las acusaciones como por las defensas.

Los dos exalcaldes de Almonte (Francisco Bella -PSOE- y José Antonio Domínguez -PP-) se enfrentan a una petición de condena por parte de la Fiscalía de dos años y 10 meses de cárcel. 

Para el resto, la Fiscalía pide tres años y 10 meses de cárcel, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 20 euros.