UGT denuncia el desmantelamiento del servicio de Dependencia
La sección sindical de Administración Autonómica y Servicio Público Andaluz de UGT ha denunciado que el Gobierno de la Junta de Andalucía se niega a estabilizar al personal que gestiona la Ley de la Dependencia, incumpliendo con ello la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
De hecho, según informan desde UGT, la Secretaría de Regeneración ya habría informado de que no incluirá en la oferta de empleo público las plazas del personal que se encuentre de excedencia o incapacidad temporal o lo haya estado en el periodo 2018-2020, independientemente de que cuenten con reserva de puesto o no.
La responsable regional de UGT Servicios Públicos en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía (ASSDA), Rocío Maldonado, ha indicado que "el déficit de personal que vienen arrastrando las Delegaciones Territoriales de Valoración de la Dependencia se ve reflejado en la lista de espera y en el incumplimiento sistemático de los plazos que establece la ley para la gestión de estas ayudas". De hecho, según la web de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la lista de espera para valoración ronda actualmente las 33.000 personas, mientras que la cifra de personas a la espera de recibir una prestación o servicio se acerca a las 39.000.
Maldonado explicó que "para reducir las listas de espera, la Junta aprueba todos los años lo que denomina Planes de Choque en los que contrata a un número elevado de trabajadores y trabajadoras sociales y personal Administrativo durante seis meses para reducir la lista de espera, cubriendo de esta forma un problema estructural y permanente de falta de personal, no una situación puntual de acumulación de expedientes"
La responsable sindical en ASSDA denunció, asimismo, que "a este déficit ya existente de personal hay que sumarle el recorte del 12% de la plantilla que el Gobierno de la Junta piensa incluir en la oferta de empleo, primer paso para la amortización de estas plazas de estructura dotadas presupuestariamente".
Esto supone una exclusión, aseguró Maldonado, que "afecta especialmente a mujeres cuyos contratos llevan en fraude de ley entre 14 o 15 años y que actualmente o en el periodo de 2018 a 2020 han disfrutado de una excedencia para cuidados de menores o mayores u otras excedencias contempladas en el Convenio Colectivo con reserva de puesto"
Desde UGT, señaló, "exigimos a la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia que cumpla con la Ley y que saque todas las plazas ya que todas cumplen con los requisitos son plazas de estructura, dotadas presupuestariamente y dentro de los márgenes que establece la ley"
En este sentido la responsable regional de UGT indicó que estas plazas serían las correspondientes a aquellas "ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, las ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 y las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016."
