Sanidad y Dependencia: los agujeros negros que minan la credibilidad del Gobierno andaluz

Mientras que el Gobierno andaluz pone el altavoz a la última encuesta de la Fundación de Estudios Andaluces que augura una nueva mayoría absoluta del popular Juanma Moreno, una mancha de aceite se va extendiendo por las 8 provincias andaluzas: el malestar ciudadano por la situación de la sanidad, los enormes retrasos que acumula la aplicación de la Ley de Dependencia y en menor medida la educación, la vivienda y el paro, tal y como recoge el último barómetro del CENTRA.

Las dificultades palpables para conseguir una atención médica en los centros de salud, los retrasos en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades graves, incluída la oncología, que están afectando ya a la supervivencia y calidad de vida de muchos pacientes, y las largas esperas para ver al especialista van minando poco a poco la credibilidad del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno.

A la situación sanitaria se ha unido ya otra inquietud que afecta a cada casa porque en cada casa suele haber un caso de persona mayor que está en situación cercana a la dependencia. Ley que acumula ya, por ejemplo en Huelva, hasta casi dos años para conseguir ser beneficiario de ella.

Un cóctel que puede acabar estallando cuando el PP andaluz menos se lo espere.

De momento, al margen de las clásicas protestas de los sindicatos de la Sanidad pública: CSIF, CCOO, SATSE y UGT, ya se han reactivado las protestas de colectivos como Mareas Blancas y otras plataformas ciudadanas y se empiezan a ver en muchos balcones banderas en defensa de la sanidad pública que se ve amenazada y campañas de recogida de firmas.

De hecho, para el próximo mes de noviembre son varias las movilizaciones que se están preparando por parte de las Mareas Blancas para "denunciar de alguna forma esta nefasta gestión que estamos sufriendo en la provincia de Huelva principalmente, pero en toda la comunidad autónoma andaluza", ha dicho María Eugenia Limón, secretaria provincial de los socialistas onubenses.

En Huelva hay nada menos que 83.000 personas en lista de espera. El PSOE lo proclama cada vez que puede y so es casi a diario. Las carencias sanitarias se llevaron por delante al último Gobierno socialista en la Junta y ahora su líder, Juan Espadas, vaticina que le pasará lo mismo al PP.

La penosa situación de la Ley de Dependencia

Mientras la Sanidad hace aguas, CCOO Huelva ha hecho un llamamiento urgente para abordar la grave crisis que enfrenta el sistema de dependencia en la provincia. Julia Perea, secretaria general de y Trinidad Gallardo, responsable de empleo, ambas de CCOO Huelva, han expuesto cifras alarmantes que reflejan la vulnerabilidad de miles de familias.

En agosto de 2024, había 30.098 personas solicitantes de la Ley de Dependencia en Huelva, desde dependientes leves hasta graves. Mientras, muchas familias se ven obligadas a asumir el cuidado de sus seres queridos, ya sea contratando a alguien o dejando de trabajar, ya que, sin la resolución del grado de dependencia, no pueden acceder a derechos básicos como la reducción o adaptación de jornada.

De este total, 1.175 personas están en lista de espera para el reconocimiento de su grado de dependencia, y 12.928 ya tienen resolución, pero aún esperan la prestación reconocida.

La ley establece un plazo máximo de 180 días para estas resoluciones, pero en Huelva, la media es de 603 días, lo que ha llevado a que algunas personas fallezcan sin poder ejercer su derecho.

Asimismo, Perea subrayó que “a pesar de ser Andalucía la segunda comunidad que más dinero recibe del Gobierno de España para dependencia, la Junta ha ido reduciendo su inversión, lo que ha resultado en un copago del 20% por parte de los usuarios, que podría aumentar al 50%, dejando a muchas familias sin acceso a las prestaciones necesarias”.

En este sentido, la líder sindical prosigue su discurso “respecto a las prestaciones reconocidas, 17.416 personas en Huelva reciben la prestación de ayuda a domicilio, mientras que 14.401 tienen acceso a teleasistencia. Sin embargo, se ha observado un aumento en las prestaciones vinculadas a un familiar, lo que refleja una creciente carga sobre mujeres que asumen esta responsabilidad”.

Añadido a esto, Gallardo analizó la problemática laboral en el sector de la dependencia “según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2024, hay más de 92.000 personas empleadas en Andalucía en este sector, con una concentración de contrataciones en servicios sin alojamiento, como la ayuda a domicilio. Me parece muy importante resaltar que la mayoría de la plantilla está compuesta por mujeres”.

Y, la responsable de empleo enfatizó que “un alto porcentaje de estos contratos son a tiempo parcial y que muchos son fijos discontinuos, lo cual no es adecuado para un servicio que no es estacional”.

Huelva es la provincia con menos residencias públicas de Andalucía

En cuanto a la atención en residencias, Huelva cuenta con solo 5 residencias públicas y solo 1 en el barrio de la Orden que es propiedad total de la Junta de Andalucía, la cual solo ofrece 287 plazas, lo que la convierte en la provincia con menor oferta pública. De esta manera, Perea muestra una comparación “por poner un dato, Jaén, una provincia con una masa poblacional similar a Huelva, tiene 28 residencias públicas con un total de 1603 plazas”.

Analizando estos datos, la secretaria general puntualiza que “según los estándares de la OMS, se necesitarían 4.250 plazas públicas para cubrir las necesidades de la población mayor de 65 años”.

Gallardo recuerda que “el incumplimiento de las ratios de personal afecta gravemente a la calidad de la atención”.

Finalmente, CCOO Huelva demanda la necesidad de más plazas públicas en residencias, la municipalización de los servicios de ayuda a domicilio y un incremento en la financiación autonómica para garantizar el derecho a la dependencia. Además, se exige aumentar el personal en los equipos de trabajadores sociales y administrativos para gestionar la ley de dependencia de manera efectiva.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática, CCOO Huelva convoca una concentración el sábado 26 de octubre a las 12:00h en la Plaza del Ayuntamiento de Huelva en defensa del sistema de dependencia y de la calidad del empleo.

La guinda del favoritismo sanitario a la Privada

A las carencias en Sanidad y Dependencia se ha unido ahora un convidado de piedra muy peligroso: las contrataciones en el sector sanitario que desde sindicatos y la mayor parte de la oposición política siguen denunciando.

Marea Blanca de Huelva ha trasladado el respaldo de las organizaciones que la integran a la denuncia interpuesta por el PSOE de Andalucía, y que ha sido admitida a trámite, por lo que consideran una abusiva utilización de los mecanismos de contratación de emergencia activados ante el COVID-19. Asimismo, respaldan dicha acusación alegando que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, y su Gobierno, hicieron uso hasta 2023 de unos mecanismos que ya se habían derogado en la primavera de 2021.

Según esta coordinadora, “se trata de unas actuaciones que pueden ser constitutivas de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación al no garantizarse la concurrencia ni la publicidad en los procedimientos, ya que el SAS hacía oídos sordos a la derogación de la norma y seguía contratando con un formato irregular por valor de unos 300 millones de euros”.

Para Marea Blanca, “es absolutamente increíble e inconcebible que se haga esta ilegalidad con más de 450 millones de euros. Más cuando se están despidiendo a miles de profesionales y se deja de atender a miles de personas que están enfermas”. “Es injusto que el PP genere en Andalucía con su modo de actuar impunidad en la contratación pública irregular en la Junta, contratando con quien quiere por la cuantía que quiere: han facturado millones con Salud quienes habitualmente lo hacían por pocos millones”.

La portavoz del PSOE de Andalucía y parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, María Márquez, ha señalado que su formación cree que la provincia "podría ser el epicentro de una trama de corrupción sanitaria sin precedentes en Andalucía" después de que "un informe de actuación hable de que ya la Intervención de Junta de Andalucía alertara de fraude en el Servicio Andaluz de Salud en 2019 en la provincia onubense, cuando no había pandemia".