Punta Umbría abandona la batalla judicial y empezará de nuevo los trámites de las torres

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Punta Umbría votará una propuesta de acuerdo sobre el allanamiento del Consistorio en el procedimiento judicial abierto contra la adjudicación de las parcelas de la avenida Ciudad de Huelva.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha desistido en su recurso al TSJA a la sentencia que anula el procedimiento de venta de esos mismos terrenos en los que está proyectado el residencial William Martin.

Según una providencia de Alcaldía “el mantenimiento de una batalla judicial (por el excesivo tiempo que ello supone) podría ser perjudicial para los intereses generales y, aún creyendo en la interpretación jurídica y técnica de los departamentos municipales, entendemos que podría resultar más conveniente a los intereses generales la puesta en carga cuanto antes de dichas parcelas”.

Para el concejal de Economía del Ayuntamiento de Punta Umbría, Daniel Ferrera, “nuestra localidad no puede permitirse el lujo de esperar para que empiecen las obras así que hemos decidido parar la vía puesta en marcha y comenzar de nuevo los procedimientos cuanto antes”.

El propio concejal ha indicado que “en el anterior proceso el juez ha detectado un defecto de forma que subsanaremos cuanto antes y para iniciar este proyecto vital para Punta Umbría”. El responsable de Economía municipal ha señalado que “Hernández Cansino continúa intentando paralizar la vida municipal y este equipo de Gobierno lo que hace es buscar alternativas para el bienestar de todos”.

Daniel Ferrera ha indicado que “el equipo de Gobierno es coherente y quiere cuanto antes la creación de 500 puestos de trabajo y una considerable mejora del entorno y de distintas zonas del municipio que dependen de la venta de esas parcelas”.

El proyecto de la avenida Ciudad de Huelva se extiende por una superficie de algo más de 30.000 metros cuadrados de los que, únicamente, una sexta parte está destinada a viviendas y comercial.

La reordenación se hará sobre una superficie de 30.182 metros cuadrados, distribuidos entre 5.210,78 m2 de suelo residencial y comercial, 1.772,33 m2 dotacional, 3.714,15 m2 administrativo, 2.405,07 m2 de suelo en áreas peatonales, 5.950,57 m2 de zonas verdes, 2.381,17 m2 de aparcamientos y 8.747,93 m2 de viario público.

Por su parte, la empresa RÍAUMBRÍA ha anunciado hoy que iniciará todas las acciones legales posibles que están en su mano para defenderse como parte perjudicada ante el nuevo rumbo que va a seguir el Ayuntamiento de Punta Umbría en la gestión del proyecto urbanístico previsto en los terrenos ubicados junto al cuartel de la Guardia Civil y los antiguos depósitos de agua.

RIAUMBRÍA ya ha advertido claramente que “si el Ayuntamiento de Punta Umbría tiene la intención de iniciar un nuevo procedimiento administrativo para vender estos terrenos por segunda vez, nuestra empresa defenderá en los tribunales que es la empresa propietaria de todo el solar y la única que tiene derechos sobre el mismo”. Este pronunciamiento de RIAUMBRIA se produce tras conocerse hoy jueves que el pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría aprobará la próxima semana desistirse y retirar los recursos de apelación que tenía presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la sentencia que anulaba el procedimiento seguido por el propio Consistorio para la enajenación y posterior venta de estos terrenos.

Según el comunicado de la empresa, dichos suelos fueron posteriormente adjudicados en un concurso público a la empresa RÍAUMBRÍA, la cual desarrolló -siempre dentro del marco legal aprobado por el Ayuntamiento de Punta Umbría y con el visto bueno de la Junta de Andalucía- el proyecto urbanístico y residencial William Martin.

RIAUMBRÍA considera que esta decisión del Ayuntamiento de Punta Umbría de retirar los recursos contra esta sentencia ante el TSJA perjudica de forma gravísima tanto a su actividad, como a su futuro, teniendo en cuenta el importante desembolso que realizó en su día para la compra de esos suelos, confiando en la buena fe de las Instituciones públicas a la hora de gestionar este tipo de operaciones.