El PSOE denuncia la política de contratación sanitaria del PP en la Junta

El PSOE de Huelva ha asegurado que 2024 pasará a la historia por el mayor caso de presunta corrupción en la contratación sanitaria por parte de la Junta, con desvío de cientos de millones de euros a la sanidad privada.

Así lo ha indicado la parlamentaria andaluza por el PSOE en la provincia Enrique Gaviño quien ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, de permitir este fraude, “1.500 millones de euros de las arcas públicas que han ido a parar a mano de la sanidad privada, vía contratos de emergencia y de fraccionamiento, contratos que han sido adjudicados a dedo, sin transparencia, sin concurrencia, sin publicidad y en fraude de ley muchos de ellos”.

El socialista ha reseñado que “hay hasta 18 informes demoledores de la Intervención General de la Junta de Andalucía que ponen de manifiesto que todo el sistema de contratación del SAS está viciado. Pese a ello, Moreno Bonilla niega la realidad y los informes negativos, pero no ha dudado en cesar a la interventora general de la Junta de Andalucía, que dirigía el órgano encargado de supervisar las cuentas públicas y que realizó estos informes. Esta es la verdadera cara de Moreno Bonilla, la de castigar a las personas que han hecho su trabajo”.

Enrique Gaviño ha detallado que “siete de cada diez contratos de emergencia realizados por las plataformas provinciales de contratación del SAS presentan irregularidades, según los órganos fiscalizadores de la Junta de Andalucía. Pero es que la Consejería de Salud a día de hoy sigue contratando de forma irregular bajo la modalidad de los negociados sin publicidad”.

Para el parlamentario socialista, “estamos hablando de unos hechos de extrema gravedad. Las contrataciones sanitarias de emergencia irregulares del PP no son un hecho puntual, ha sido un modus operandi de Moreno Bonilla para contratar a quienes quisieran y por el importe que quisieran. El dinero público que el PP en la Junta ha desviado en las contrataciones de emergencia investigadas no se estaba invirtiendo en la sanidad pública, sino en la privada, y a mayor coste”.