El PSOE denuncia el “modelo clientelar” del PP en La Palma del Condado y alerta de una “quiebra económica” del Ayuntamiento

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, Rogelio Pinto, ha denunciado públicamente que el Plan Económico y Financiero aprobado por el Partido Popular con la abstención de Vox “no solucionará la crítica situación económica del Consistorio”. Según el edil, el problema de fondo reside en el “modelo de gestión clientelar” que, a su juicio, el PP lleva aplicando durante más de 30 años en el gobierno local.
Pinto ha sido rotundo al afirmar que “los ingresos no dan para sostener el nivel de gasto”, especialmente en materia de personal, ya que —según ha señalado— “más de la mitad del presupuesto municipal se destina a sueldos”. En este sentido, ha apuntado que mientras se mantenga este modelo, La Palma del Condado seguirá “estancada económica y socialmente”.
El dirigente socialista ha revelado que el informe del interventor municipal refleja un nivel de endeudamiento superior a los 8 millones de euros, lo que representa el 82,017% de los ingresos del Ayuntamiento. Esto, según ha explicado, impide solicitar nuevos créditos a largo plazo sin la autorización de los órganos de control de la Junta de Andalucía.
A ello se suma una deuda comercial de más de 1,8 millones de euros, con un plazo medio de pago a proveedores de 46 días, lo que incumple la Ley de morosidad y sitúa al municipio en la categoría de "pueblo moroso".
Pinto ha lamentado que el equipo de Gobierno haya rechazado reiteradamente la solicitud socialista de realizar una auditoría externa. “Ahora se entiende por qué”, ha declarado, asegurando que el PP “ha dejado tras de sí un escenario económico y financiero pésimo, basado en contratar a más personal para garantizar votos, consumiendo así el presupuesto municipal”.
Para el PSOE, el Plan Económico y Financiero aprobado no corrige esta deriva, sino que la perpetúa. Por ello, Pinto ha reclamado transparencia y ha exigido que dicho plan se publique en la web municipal: “Por dignidad democrática, los vecinos y vecinas deben conocer en qué se gasta el dinero de todos”, ha concluido.