Para el secretario de Organización de JSA, “este veto parental es una censura educativa en toda regla que atenta contra el derecho a una educación integral, contra la autonomía y la independencia de los centros educativos, ya que pretende que los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias que son curriculares, obligatorias, evaluables y programadas por los centros educativos”. “Actividades –ha incidido- que son el mejor antídoto para evitar el bullying, el abuso o la discriminación en las aulas. La derecha y ultraderecha pretenden con este veto que no se eduque en igualdad, diversidad y en convivencia”.
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, ha anunciado que esta formación va a llevar mociones a todos los municipios de la provincia y en la Diputación “para defender cuestiones tan básicas como artículos de la Constitución, ya que con el veto parental se está vulnerando la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, además de generar una desconfianza absoluta hacia los docentes, que en el caso de la educación pública son profesores de una elevada calidad”.
En este sentido, ha recordado el asesinato en lo que llevamos de año de siete mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, “y nos encontramos con un PP y Ciudadanos que lo que están haciendo es blanquear las políticas contra la violencia de género que quiera llevar a efecto Vox; al igual que ocurre con este veto parental”. Por ello, ha enfatizado que “la ciudadanía tiene que tener muy claro que en el PSOE va a encontrar a un aliado para que sus hijos se eduquen en libertad”.Por otra parte, la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, María Márquez, y la alcaldesa de Berrocal, han denunciado el “ataque y agravio” que están sufriendo los vecinos de este municipio en materia sanitaria, de “manera sectaria”, por parte del Gobierno de la derecha de la Junta de Andalucía, “una situación que se da en los pueblos gobernados por el PSOE”.
En esta línea, ha señalado que la supresión de la ambulancia los sábados, domingos y festivos en el municipio de Berrocal es uno de los problemas más importantes que está padeciendo este pueblo. “Fue la delegada provincial de Salud y Familia, Manuela Caro, durante una reunión quien comunica que a Berrocal se le había quitado la ambulancia debido a los costes que supone, a pesar de tener concedido por la Junta este servicio de 24 horas los 365 días del año, pero en el último momento se le quita a mi pueblo para llevarlo a otro de esta provincia”, ha indicado Paqui García.
A ello, ha indicado la alcaldesa, “hay que sumar otros recortes sanitarios como el médico de familia que no está a jornada completa ningún día y en una misma semana puede haber diferentes facultativos”, un hecho muy preocupante “porque Berrocal es el tercer pueblo de España con la población más envejecida y nos encontramos a 24 kilómetros, con una carretera tortuosa, de un centro de salud”. Además, ha criticado que “cuando se ha pedido una ambulancia solo llega con el técnico, sin profesional sanitario”.
Ante esta situación, Paqui García ha hecho un llamamiento al Gobierno de la Junta para que atienda a los pueblos pequeños, ya que correspondemos a todos los deberes como cualquier otro, y “no juegue con los derechos primordiales y básicos de los municipios, como es la sanidad pública”, porque este municipio ha llegado a “una situación de precariedad sanitaria”.
Al hilo de ello, María Márquez ha enumerado los innumerables recortes sanitarios que hay en toda la provincia desde que gobierna la derecha en Andalucía. Este verano el Andévalo Occidental se quedó sin ningún tipo de servicio médico durante horas, disponiendo algunos pueblos de la comarca solo de servicio médico y de enfermería tres horas al día. Se han suprimido el servicio de pediatría en algunos municipios como Alosno, Villanueva de los Castillejos, Puebla de Guzmán e Hinojos. En la capital, se han cerrado los centros de salud por la tarde durante las navidades. Asimismo, ha hecho hincapié en la situación alarmante en el Hospital Comarcal de Riotinto, con bajas que no se cubren, falta de personal y de especialistas y recorte en las contrataciones.
