El PP propone facilitar el acceso de los clubes de Huelva a la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas
La moción plantea un convenio sin coste para los clubes y reclama la colaboración de la Junta para mejorar la formación y asesoramiento de las entidades deportivas de la provincia
El grupo popular en la Diputación de Huelva llevará al próximo pleno provincial, previsto para el miércoles 2 de julio, una moción para promover la incorporación de los clubes deportivos onubenses a la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas (CAFD). La iniciativa contempla la creación de un convenio entre la Diputación y la Junta de Andalucía que facilite asesoramiento técnico, formación especializada y apoyo en la gestión a las más de 1.700 entidades deportivas registradas en la provincia.
El PP propone que este servicio sea gratuito para los clubes, asumiendo la Diputación el coste de adhesión a la CAFD. Entre las medidas destacadas, se incluye la puesta en marcha de la Oficina de Atención a Clubes (OAC), una herramienta que ya opera en otras provincias andaluzas y que pretende dar cobertura a las necesidades de gestión y formación de las entidades deportivas locales.
La moción también insta a la Junta de Andalucía a colaborar facilitando datos necesarios y apoyando la difusión, la organización de charlas y todo tipo de recursos logísticos que puedan contribuir al éxito de esta red de asesoramiento.
El PP exige la disolución de las Cortes y elecciones generales por la “degradación institucional” del Gobierno
En una segunda moción, el grupo popular en la Diputación de Huelva ha solicitado la disolución inmediata de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales. La iniciativa, que también será debatida en el pleno del miércoles, denuncia lo que consideran una “degradación institucional”, una “ruptura de la confianza ciudadana” y una “pérdida de legitimidad democrática” por parte del actual Gobierno de España.
La moción refleja un rechazo frontal a “la corrupción y la difusión de bulos” atribuida al Ejecutivo y su entorno, y reclama al Gobierno que colabore de manera activa con todas las instancias judiciales y parlamentarias que investigan posibles irregularidades.
Asimismo, se exige garantizar la independencia del poder judicial, la neutralidad de órganos como la Fiscalía General del Estado o la Agencia Tributaria, y la autonomía operativa de cuerpos como la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los populares rechazan cualquier intento de reforma del sistema judicial que afecte a los principios de mérito y capacidad, así como el uso partidista de instituciones estatales.
El texto concluye con una exigencia clara: elecciones generales inmediatas ante lo que califican como un deterioro grave del marco democrático.
