El Gobierno de Juanma Moreno hace pellas en el debate que pedía bajar la ratio en colegios
El Parlamento de Andalucía debatía ayer una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la sociedad civil que pedía bajar el número de alumnos por aula para impulsar efectivamente la mejora de la educación pública. Para llevar esta iniciativa al Parlamento se necesitan 40.000 firmas.
Pero ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ni la consejera de Educación acudieron al Parlamento a escuchar las inquietudes de los profesores, maestros y maestras de Andalucía.
La interveniente en nombre y representación de la sociedad civil solicitaba ante el ninguneo de la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz 5 alumnos menos por clase y un orientador por colegio.
Este desprecio del Gobierno andaluz a la Iniciativa Popular era premonitorio de lo iba a pasar y pasó: El Pleno del Parlamento tumbó con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, la toma en consideración de la proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), de modificación de la Ley de Educación de Andalucía, que persigue una bajada de ratios en colegios andaluces.
La ILP fue defendida en el Pleno por Carmen Yuste, portavoz de su comisión promotora, y contaba con el criterio contrario del Consejo de Gobierno del PP-A. Los grupos Socialista, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía la apoyaron y Vox se ha abstuvo.
La actual Ley de Educación de Andalucía no incluye articulado sobre una cuestión fundamental para el profesorado y que determina en gran medida todos los demás: la relación máxima de alumnado por unidad educativa. Y hay muchas clases que están saturadas mientras en otras zonas se cierran unidades educativas.
Los promotores y firmantes a miles de la ILP creen que "si hay una comunidad autónoma donde la reducción del número de alumnas y alumnos por unidad escolar es necesaria y urgente es Andalucía, es la comunidad con peores datos de fracaso y abandono escolar temprano de toda España". También consideran "necesario establecer en la ley de educación andaluza una ratio máxima de alumnado por unidad escolar y docente en lo que se refiere al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales".
Todo esto chirría al Gobierno de Juanma Moreno, que se han opuesto a la tramitación de esta iniciativa partiendo. El PP andaluz señala que la reducción de la ratio debería implementarse, por su efecto en la arquitectura del sistema educativo y su financiación, en el marco de una normativa estatal. Pasando así la pelota al Gobierno central.
A entender del Gobierno andaluz lo que plantea la ILP conlleva redefinir la red de centros docentes y "recorta la libertad de las familias para elegir centro educativo", y el conjunto de medidas recogidas en la misma comportarían "un incremento anual en los presupuestos de la Comunidad de Andalucía de 1.362 millones para atender solo el aumento de personal docente y no docente, sin tener en consideración los gastos derivados de las nuevas necesidades de infraestructuras, siempre que fuese posible por la disponibilidad de terrenos y espacios, ni los gastos indirectos por el crecimiento de unidades tanto en centros públicos como concertados".
