Las sanciones a manifestantes de Huelva se multiplican por 33 en dos años
De dos sanciones entre 2009 y 2011 se pasó a 66 entre 2012 y 2013.
Las sanciones a manifestantes de Huelva se multiplicaron por 33 en los dos primeros años de Gobierno del PP. Así se desprende de la respuesta del Ejecutivo al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. El PSOE solicitó información a través de dos preguntas escritas sobre las sanciones impuestas por cumplimiento de la ley Orgánica 1/1992 sobre protección de la Seguridad Ciudadana, que regula las reuniones o manifestaciones en lugares públicos.
En concreto, según consta en el registro informatizado desde 2009, en los tres últimos años de la anterior legislatura con Gobierno del PSOE, se impusieron dos sanciones a manifestantes en Huelva, concretamente en el 2010, mientras que en 2009 y 2011 no se impuso ninguna. Una cifra que asciende a los 66 entre 2012 y 2013 con la llegada de Rajoy al Gobierno. De esas 66 sanciones incoadas, 65 fueron ejecutadas por la Subdelegación del Gobierno, 47 en 2012 y 18 en 2013.
Las dos sanciones impuestas entre 2009 y 2011 supusieron 4.700 euros de cuantía mientras que las 65 sanciones ejecutadas en 2012 y 2013 han supuesto 146.471 euros.
Según la diputada socialista María José Rodríguez, “estas cifras demuestranque el PP ha practicado con dureza la represión de las protestas de los ciudadanos, una política basada en el miedo de la que Huelva no se ha librado”. “Esta es la respuesta del PP al cansancio de la ciudadanía antes sus políticas de recortes. Así trata el Gobierno de la ministra Báñez a Huelva”, indicó.
En este sentido, Rodríguez advirtió que “estas cifras van a seguir creciendo a partir de ahora tras la aprobación de la Ley Mordaza el pasado jueves en el Congreso con el único voto del PP”. La socialista recordó que “con esta norma, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio, multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI”.
Para la diputada socialista, “con esta ley, tan injusta como innecesaria, el Gobierno se apropia de las calles después de haberse quedado con nuestros derechos. Si el Ejecutivo quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no convertir al ciudadano que protesta en un ciudadano bajo sospecha. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a la queja, a la discrepancia y a la protesta”. Por ello, anunció que “cuando el PSOE vuelva a gobernar, acabará con esta ley que llevará ahora ante el Constitucional”
